Los tres retos de La Caixa

Octubre pasado. Luis Ángel Rojo, ex gobernador del Banco de España, plantea abiertamente en Salamanca su preocupación por el mantenimiento de las diferencias legales entre cajas y bancos cuando desde finales de los setenta pueden realizar las mismas operaciones. Rojo precisa: "La disparidad existente entre el marco regulador de los bancos y las cajas de ahorros es díficil de soportar durante mucho tiempo". El profesor llama la atención sobre una asimetría: las cajas pueden comprar bancos, pero los bancos no pueden comprar cajas, porque éstas carecen de acciones.

La capitalización de las cajas, un debate heredado de los ochenta y cuyo último escarceo se ha producido en el marco de la Ley Financiera, no ha sido ajeno al sonado relevo en La Caixa.

La capitalización de la entidad queda pendiente, so pena de limitar su crecimiento

Fornesa deberá asegurar el equilibrio de la cúpula tras las maniobras de CiU

Tras su fusión con La Caixa de Barcelona en 1990, La Caixa se convirtió en la tercera entidad financiera española. Entonces los tres grandes grupos bancarios corrían parejos: Central Hispano (5,3 billones de pesetas), Bilbao Vizcaya (4,8) y La Caixa (3,9). Pero durante la última década, el sistema financiero español ha registrado una intensa concentración, alumbrando dos gigantes, SCH y BBVA. La Caixa sigue en tercer lugar, pero ahora a una gran distancia. Sus activos, de 103.000 millones de euros, no alcanzan la mitad de los dos grandes bancos.

Desde finales de los noventa, el anterior presidente, Josep Vilarasau era consciente de que, con el marco jurídico vigente, La Caixa había tocado techo. Sin acciones que poder intercambiar, sus posibilidades de crecimiento quedaban limitadas. Los instrumentos de capitalización como la deuda subordinada, emisiones preferentes o cuotas participativas resultaban insuficientes.

Durante 1999, coincidiendo con su paso de la dirección general a la presidencia, Vilarasau "confió sus preocupaciones y proyectos" al presidente de la Generalitat, Jordi Pujol -coinciden un diputado nacionalista y un relevante consejero de su Gobierno-, y luego, al vicepresidente del Ejecutivo central, Rodrigo Rato. La fórmula barajada era la seguida por las cajas italianas como Cariplo, la primera caja del mundo, en la que una fundación controlaba la mayoría del capital y el resto estaba en el mercado.

Pujol acogió bien la idea que posibilitaría crear un gran banco en el escenario español y europeo controlado por una fundación de sede catalana, indican fuentes de la entidad. Pujol y Vilarasau atravesaban una insólita luna de miel. El presidente de la Generalitat se mostraba, en privado, encantado con la labor realizada por el financiero, a quien consideraba "como la mejor garantía" de futuro de la entidad.

Pero la reorganización del nuevo equipo directivo con Vilarasau como presidente, conservando de facto muchas de sus funciones anteriores, y los dos nuevos directores generales -Isidre Fainé en La Caixa y Antoni Brufau en el grupo empresarial- no fue fácil. La cuestión sobre cuál de los directores generales ejercería el voto en el consejo resultó polémica y causó un primer enfrentamiento entre Vilarasau y el flamante consejero de Economía, Artur Mas.

Empate transitorio. Mas aceptó al fin la existencia de dos directores generales, y como tal figuran inscritos en el Registro de Economía. Y Vilarasau admitió que el voto sólo lo ejercería el director general de la entidad, Isidre Fainé. Era la fórmula inicial prevista por Vilarasau, pero que después derivó al voto compartido o mancomunado con el propósito de lograr el máximo equilibrio entre los directores, según distintas fuentes de la entidad.

Estos pulsos fraguaron otro marco de relaciones entre La Caixa y los jóvenes turcos que aspiraban a la sucesión de Pujol. El nuevo conseller en cap, Artur Mas, y el nuevo consejero de Economía, Francesc Homs, ya no veían a Vilarasau con la admiración de Pujol, motivada por la capacidad del cajero de construir la entidad financiera que él había anhelado y no supo edificar.

Para Mas y Homs, La Caixa era una institución "demasiado poderosa" que desbordaba el marco legal y escapaba a su control, reconocen sus próximos.

Surgió así un nuevo escenario. La lucha por el poder que supone La Caixa sustituyó a los debates y las iniciativas para reformar las leyes de cajas estatal y autonómica de 1985. Al nuevo Ejecutivo autónomo de la Generalitat ya no le preocupaba establecer un nuevo marco legal que asegurara el crecimiento y el desarrollo de las cajas. Todo era ya más simple: para mandar desde la Administración era más eficaz reemplazar al demasiado independiente Vilarasau por alguien de la propia cuadra.

A escondidas y aprovechando el trámite de la Ley Financiera, CiU propuso incluir en la ley el límite de edad de los 70 años para los consejeros. El objetivo era "colocar a Miquel Roca en la poltrona" de La Caixa, reconoce a EL PAÍS otro consejero de la Generalitat. Descubierta la maniobra, tras reiteradas negativas públicas de Mas, Homs y Pujol, el Gobierno catalán forzó leyes e instrucciones para echar a Vilarasau al establecer el límite de 20 años sumando los años de director general y consejero. Paradójico: La Caixa no existiría hoy si a su fundador Francesc Moragas le hubieran aplicado este diktat: la dirigió 31 años. Un dicktat, además, estéril, pues no ha resuelto ninguno de los problemas de capitalización de la entidad.

El segundo reto es el mantenimiento del equilibrio dentro del nuevo equipo directivo. El prestigio del nuevo presidente Ricard Fornesa sobre los dos directores generales, colegas durante años, es la gran ventana de oportunidad. Pero, como el mismo Fornesa ha señalado, no dispondrá del mismo tiempo que su antecesor. Ello revertirá en un mayor protagonismo de Fainé. Junto a ello, la envergadura de las operaciones en las que está comprometida La Caixa, como la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) de Gas Natural a Iberdrola, requiere también la máxima compenetración del equipo.

La Caixa, como el resto de las cajas, ha quedado al margen de las iniciativas legales que promueven el establecimiento de prácticas de buen gobierno, la máxima transparencia en la gestión y una obra social que debe ser repensada. Nadie cree que puedan limitarse al mecenazgo cultural o a compensar los déficit en las políticas sociales de los Gobiernos, que deben ser cubiertos con recursos presupuestarios. Las cajas, y sobre todo las supercajas, La Caixa y Cajamadrid, pueden seguir siendo lo que son durante muchos años. Pero también pueden perder la oportunidad de dar un nuevo salto adelante.