Reportaje:

Las cuentas descuadradas del cura Castillejo

Los gastos del presidente de Cajasur y los fondos de la obra social nunca han estado sometidos al control interno de la entidad

Se cuenta que cuando Fernando el Católico demandó a Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, el detalle de los gastos de la campaña de Nápoles, éste respondió con una lista no exenta de ironía que recogía la compra de guantes para los soldados, limosnas para que frailes y monjas rezasen por los españoles o un desembolso para reponer las campanas averiadas por el repicar que celebraba la victoria de sus tropas. De ahí se acuñó la expresión "las cuentas del Gran Capitán". Sin llegar a la osadía de su paisano cordobés, las cuentas que el presidente de Cajasur, el sacerdote Miguel Castillejo, ha presentado a la inspección de la Junta de Andalucía ponen de manifiesto el talante personalista con el que ha dirigido esta institución financiera fundada por la Iglesia católica.

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Pese a las anomalías en su gestión, que están siendo investigadas por la Fiscalía Anticorrupción, Castillejo aguanta al frente de la caja cordobesa, enfrascado en una enorme bronca con el Gobierno del socialista Manuel Chaves y encomendando su futuro a la tolerancia del Ejecutivo del PP y de la Iglesia católica. Y de momento, estos dos soportes resisten el tirón del escándalo: el Ministerio de Economía ha aprobado unos estatutos que aumentan el peso de la Iglesia en Cajasur y la jerarquía eclesiástica ha relevado al obispo de Córdoba, Javier Martínez, al que ha ascendido a arzobispo de Granada. Conocedor de todo cuanto acontece en Cajasur, Javier Martínez ha sido la única autoridad de la Iglesia que ha plantado cara a Castillejo, a quien censuró la "escandalosa" póliza que le garantiza una renta vitalicia cuando se jubile y al que acusó de practicar "la intoxicación permanente".

Al margen de la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por supuestas apropiaciones indebidas que suman 10,3 millones, la Junta ha enviado un informe a cada miembro del Consejo de Administración de Cajasur (17), a los vocales de la Comisión de Control (ocho) y al Banco de España sobre el resultado de la inspección que la Consejería de Economía ha realizado en la caja hasta el pasado 20 de febrero, cuando la paralizó por las "obstrucciones" de la caja. Este documento consta de 47 folios y en él se recogen los datos que han sustentado la denuncia ante el fiscal y un análisis sobre la peculiar gestión de Castillejo.

Además del cobro indebido de dietas (240 euros por asistir a películas de cine, conferencias, misas o conciertos) por casi todos los consejeros, el documento destaca el carácter "presidencialista" de Cajasur, que se pone de relieve en el hecho de que numerosas áreas dependan directamente de Castillejo, sin posibilidad de control de otro órgano como el Consejo de Administración o la Comisión de Control. El informe subraya que el departamento de auditoría interna "nunca" ha fiscalizado los gastos de presidencia, de la dirección general ni el destino de los fondos de la obra social, un coto que Castillejo se reserva de forma exclusiva y en el que no está dispuesto a hacer concesiones.

- Control de la obra social. La delegación de la gestión de la obra social en el presidente "no respeta los preceptos legales", según el informe. En 2002, las partidas sin detallar en este capítulo ascendieron a 6,97 millones de euros (el 36% del presupuesto). También revela que ni la Comisión de Control ni la Comisión de Obras Sociales han entrado nunca en este terreno.

- Fines publicitarios. Sobre una muestra del 33,4% de la obra social en 2002, la inspección detectó que se destinaron fondos para gastos de publicidad o actos patrocinados por Cajasur, lo que evidencia "el erróneo concepto que la entidad tiene de la obra social".

- Dinero a la Iglesia. El documento destaca las transferencias que "singularmente" se han hecho "sin justificación soporte" a la Iglesia a cargo de la obra social. En total, 849.912 euros detectados en un muestreo de un solo año, que se reparte entre varias diócesis, iglesias, conventos o asociaciones religiosas.

- Especulación en Bolsa y crecimiento desordenado. En un análisis general de las cuentas de 2001 (año en el que el beneficio de Cajasur cayó un 18%), los inspectores imputan la reducción del margen ordinario "a una excesiva agresividad en el departamento de mercado de capitales, con actuaciones especulativas, que ha supuesto una elevada exposición al riesgo en el mercado bursátil sin la debida cobertura". "Asimismo", prosigue el informe, "el margen de explotación se reduce como resultado del desordenado proceso expansivo de la red de oficinas".

- Riesgo elevado en el sector inmobiliario. El informe critica la política de Cajasur de tomar participaciones en sociedades inmobiliarias, que además mantienen un alto grado de endeudamiento con la entidad. Censura también que la caja haya adquirido en los últimos ejercicios terrenos por un importe superior a los 93 millones, que luego fueron traspasados a las sociedades participadas mediante opciones de compra. El informe destaca el alto riesgo asumido por la caja con estas sociedades participadas y sus socios, que suma un 9% sobre la totalidad de la inversión crediticia, y aboga por que la caja oriente sus recursos a otras actividades.

- Contratos por "contactos". Aspromonte (sindicato mayoritario afín a la dirección) asegura a los inspectores que no hay ningún asunto que destacar en la política de personal, una opinión que contrasta con la dada por los representantes de UGT y CC OO en la caja, que lamentan la ausencia de oposiciones de acceso y mantienen que la entidad basa las contrataciones en los "contactos" del candidato. La inspección revela que no hay control alguno sobre los expedientes del personal, lo que incumple la normativa de protección de datos.

Miguel Castillejo saluda a la entrada de una reunión de Cajasur celebrada en 1999.
Miguel Castillejo saluda a la entrada de una reunión de Cajasur celebrada en 1999.EFE

Asesoría de Olivencia

El informe del Gobierno andaluz detalla que Cajasur ha realizado contratos de asesoramiento en los que se han detectado "diversas incidencias". Entre los cuatro casos citados se encuentra el bufete de abogados de Sevilla Olivencia-Ballester.

De este despacho forma parte el catedrático de Derecho Mercantil Manuel Olivencia, impulsor del Código Olivencia, sobre el buen gobierno de las empresas, y suegro de Javier Arenas, ministro de Administraciones Públicas y secretario general del PP, la única formación que ha apoyado a Miguel Castillejo en su polémica con el Gobierno andaluz.

El documento autonómico afirma que Cajasur abonó en 2001 al bufete sevillano 356.638 euros "de los que no se han aportado los contratos correspondientes ni los conceptos que soportan el gasto".

El Gobierno andaluz asegura que la caja sólo presentó un documento en el que se recoge esta cantidad pero "que no tiene ni fecha ni descripción del concepto a que corresponde, pese a que se han solicitado los contratos efectuados por la caja con el despacho Olivencia-Ballester, así como las facturas soporte de los mismos durante los ejercicios 2000, 2001 y 2002". Además, añade que "del documento analizado se observa una contingencia fiscal al no haber realizado las retenciones correspondientes".

Los otros tres casos de asesoramiento citados en este informe (Antonio Medina Perales, Rafael Zafra y Manuel Gahete) fueron incluidos en la denuncia que la Junta presentó ante la Fiscalía Anticorrupción.

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