Bruselas expedienta a Alemania por mantener el control estratégico de Volkswagen

Alemania tiene un nuevo problema con Bruselas a cuenta del gigante automovilístico Volkswagen. Una ley de 1960, que permite al Estado de Baja Sajonia, domicilio de la empresa, mantener el control de las decisiones estratégicas e impedir una adquisición hostil, podría estar en contra de la libre circulación de capitales. De ahí que, tras varias semanas de reflexión, Bruselas decidiera ayer abrir un expediente al mayor socio de la UE enviando una primera carta de requerimiento. Un portavoz de Gerhard Schröder afirmó desde Berlín no comprender el inicio de tal expediente.

La Comisión Europea parece tener pocas dudas sobre la presunta ilegalidad de la llamada ley Volkswagen. El documento oficial difundido ayer en Bruselas indica que el Gobierno federal alemán ha abandonado ya su participación en la empresa, pero que el del Estado de Baja Sajonia mantiene un control del 22,6% (13,7% de participación directa y 8,9% a través de instituciones autonómicas) y es, de hecho, el principal accionista, con capacidad de controlar sus más importantes decisiones.

Esto es así porque la mencionada ley impide que ningún accionista de Volkswagen tenga más del 20% de los derechos de voto de la empresa aunque su participación supere ese porcentaje, porque necesita además una mayoría de más del 80% de los votos de los accionistas para adoptar decisiones importantes de la empresa, y porque, también por la misma ley, el Estado de Baja Sajonia se reserva el derecho a designar dos miembros del Consejo de Supervisión de Volkswagen (de 20 miembros), que tiene una gran influencia en las decisiones estratégicas de la empresa, como el establecimiento y relocalización de instalaciones de producción y otras inversiones.

Privilegio

El alemán no es el mismo mecanismo por el cual se regulan las acciones de oro (golden shares), como indicó ayer la Comisión Europea, pero lo cierto es que, también según esta institución, ese privilegiado control público que confiere una ley especial al Estado de Baja Sajonia le da un derecho de veto evidente ya que puede tener el efecto de disuadir a los inversores de otros Estados miembros a que compren acciones de la empresa y, en definitiva, puede suponer una restricción a los movimientos de capitales consagrados en el Tratado de la Unión. Un portavoz de la Comisión aseguró que sus expertos ya han iniciado conversaciones con las autoridades alemanas, si bien no dio detalles sobre las mismas ni quiso clarificar cuál debe ser la actitud alemana para evitar el conflicto. "Podemos identificar el problema, no la solución", dijo este portavoz. El Gobierno alemán, por su parte, reaccionó manifestando su incomprensión por la apertura de este expediente que, según la jerga de Bruselas, está sólo en su primera fase.

Reacción alemana

El portavoz del Gobierno, Bela Anda, señaló desde Berlín en unas declaraciones poco explícitas que, a juicio del Ejecutivo de Gerhard Schröder, "no hay duda" de que la ley cumple las normas comunitarias, según informó la agencia Efe, y de que no hay en ningún caso una "violación de la libertad de movimiento de capitales".

Pero Bruselas ha analizado en profundidad el caso antes de dar el paso. Y cuenta con el apoyo de cuatro recientes sentencias del Tribunal de Justicia europeo. Una de ellas sostiene que el derecho a nombrar miembros del consejo de una empresa puede ser contrario a las obligaciones de un Estado miembro. Las otras tres afirman que una normativa similar puede disuadir a los inversores de otros Estados de hacer inversiones, convirtiendo en ilusoria esa libre circulación de capitales del Tratado de la UE.

Alemania tiene dos meses para responder a la Comisión. De no dar una respuesta satisfactoria, entonces la Comisión podría requerir formalmente al Gobierno alemán, mediante el llamado "dictamen motivado", que modifique la ley. En todo caso, Bruselas ya lo ha dejado bien claro: no está convencida de que la ley Volkswagen sea compatible con las normas comunitarias.