Los auditores hallan en Urnieta múltiples "ilegalidades" de gestión

El Ayuntamiento de Urnieta incurrió en numerosas irregularidades durante el ejercicio de 2001, según revelan las auditorías realizadas por la empresa Z&B Auditores por encargo del actual alcalde, el peneuvista Florentino Ugalde, a raíz de las denuncias vertidas contra la gestión de sus dos antecesores en el cargo, todos ellos también del PNV. El estudio fiscalizador constata "ilegalidades" en materia de contratación de personal, de obras, compras, servicios y permutas, entre otras. Estas irregularidades se extienden a las sociedades públicas locales Kulturnieta y Urnieta Eraiki.

Las auditorías, cuyos responsables se quejan en numerosas ocasiones de no poder disponer de toda la documentación precisa para su trabajo, especifican que el consistorio "no desarrolla su actividad de acuerdo a la legalidad vigente en materia de contratación de obras, compras y servicios", porque en la adjudicación de ocho de los nueve contratos investigados no figura el preceptivo expediente de contratación. Entre los defectos encontrados, citan que "los procedimientos de control interno establecidos en el Ayuntamiento no son suficientes" para evaluar la "razonabilidad" del balance de situación a 31 de diciembre de 2001.

La investigación revela además que "las retribuciones a corporativos con dedicación exclusiva no han sido aprobadas por el pleno" municipal, ni tampoco lo fue el aumento salarial de un 4,3% a los funcionarios, lo que incumplió los Presupuestos del Estado de ese año, que establecían una subida del 2%.

"La ejecución de los presupuestos de gastos del Ayuntamiento se realiza sin atender a la normativa aplicable", agrega el texto. También advierte de una deuda contraída con la telefónica local Urnietatel de 202,8 millones de pesetas que cree de "difícil o imposible cobro".

Sobre las subvenciones, los auditores detallan que el "procedimiento general" del Ayuntamiento "no abre expediente en el que conste el destino de los fondos y los requisitos para proceder al pago". Tampoco solicita al beneficiario un "certificado de no ser deudor de la Hacienda local".

Subvenciones sin justificar

Las irregularidades se repiten en la sociedad pública Urnieta Eraiki, que obtuvo subvenciones por 694.000 euros en 2001 de las que no se les ha "podido facilitar documentación justificativa", aseguran los auditores. Otro tanto ocurre con una ayuda de 461.000 euros recibida por Kulturnieta. Estas dos sociedades participadas por el Ayuntamiento no respetaron el principio de publicidad en la contratación de servicios y no transcribieron en el libro oficial de actas las resoluciones adoptadas por sus respectivos consejos de administración.

Las conclusiones del equipo fiscalizador vienen a confirmar las numerosas denuncias que los partidos de la oposición en el consistorio guipuzcoano han lanzado contra los sucesivos equipos de gobierno dirigidos siempre con mayoría absoluta por el PNV. La contratación de la auditoría privada partió del actual regidor, Florentino Ugalde, quien el mismo día de tomar posesión de su cargo, en febrero de 2002, se comprometió a esclarecer el estado de las cuentas municipales tras la dimisión de sus antecesores, José Ignacio Lizeaga, y su hermana, Maixa, así como de su teniente de alcalde, Juan Luis San Miguel, todos ellos del PNV.

La decisión de contratar esta auditoría externa fue la principal promesa realizada por el actual regidor para "iniciar una nueva etapa" en el Ayuntamiento tras el fiasco de la telefónica local Urnietatel y las denuncias sobre irregularidades urbanísticas. Ugalde prometió poner a disposición de la oposición "todos los datos" sobre la situación de las finanzas locales.

Los auditores se han limitado a analizar el ejercicio económico de 2001, cuando las sucesivas denuncias se extienden a varios años anteriores, lo que ha impedido a los auditores fiscalizar la gestión global de este mandato que se saldará con tres alcaldes en cuatro años.

Ante la "gravedad" de las valoraciones de los auditores, el grupo municipal socialista, que ha llevado el peso de las denuncias contra el equipo de gobierno, analiza la posibilidad de poner en conocimiento de la Fiscalía las irregularidades encontradas. Exige, además, que el análisis de las cuentas se extienda a los años precedentes para obtener "una visión más real de las ilegalidades cometidas".

Aún está por conocerse el resultado de la auditoría que inició el Tribunal Vasco de Cuentas a partir de una solicitud del grupo parlamentario del PSE. Su resultado no se conocerá antes de las elecciones municipales, según fuentes locales.