La Eurocámara exige que las aerolíneas europeas no den datos de pasajeros a EE UU

El Parlamento Europeo exigió ayer a la Comisión -469 votos a favor y 44 en contra- que respete la legislación comunitaria sobre protección de datos y, por tanto, suspenda el acuerdo alcanzado el mes pasado con EE UU por el que las compañías aéreas de Europa permiten a las autoridades aduaneras norteamericanas conocer informaciones de los pasajeros, como números de tarjetas de crédito, itinerarios, personas de contacto o incluso raza o religión. La Eurocámara examina la posibilidad de denunciar ese acuerdo al Tribunal de Justicia por considerarlo ilegal.

Desde el pasado día 5, las autoridades estadounidenses tienen acceso a fichas que pueden recoger hasta 60 datos de cada pasajero que viaje a EE UU o use este territorio como escala, que incluyen los mencionados, así como zonas de facturación o preferencias si se trata de clientes habituales de la compañía: pasillo o ventanilla, menú vegetariano o preparado según determinadas normas religiosas, enfermedades... Fue a raíz de los ataques del 11-S cuando EE UU endureció su legislación al respecto y, además de exigir a los pasajeros rellenar fichas, pidió a las compañías que le permitieran acceder a sus bases de datos.

Semejante exigencia chocaba con la directiva europea de protección de datos de 1995, según la cual no se pueden entregar datos personales a terceros países si éstos no aseguran antes un nivel adecuado de protección. Escudándose en esta norma, las compañías europeas negaron tal acceso y argumentaron que se exponían a sanciones en Europa. Como respuesta, EE UUl advirtió que empezaría a multar a quienes no colaborasen o que incluso podían prohibir que operaran en EE UU.

Cogidas entre dos fuegos, las compañías pidieron la ayuda de la Comisión Europea. El caso fue analizado por tres comisarios (Exteriores, Mercado Interior y Transportes). Para evitar mayores daños a las empresas, Bruselas optó por una fórmula más que dudosa legalmente. Dos funcionarios firmaron el pasado día 19 "una declaración conjunta" según la cual EE UU se compromete a utilizar esos datos sólo para luchar contra el terrorismo y, en segundo lugar, a no transmitirlos a otras agencias de seguridad como la CIA o el FBI. Con ese texto "no se respeta literalmente la directiva, pero sí su espíritu", afirman en la Comisión.

El propio Ejecutivo comunitario resta valor jurídico a esa "declaración", hasta el punto de que los comisarios de Exteriores y Comercio, Chris Patten y Fritz Bolkenstein, niegan que exista un acuerdo tal entre EE UU y la Unión Europea. "Había que buscar un compromiso para superar la situación, pero ahora hay que negociar un acuerdo legal estable que respete la legislación de ambas partes", señalan en la Comisión.