Osakidetza escoge la mayor sanción para los médicos que rechazan el plan Osabide

El Servicio Vasco de Salud-Osakidetza optó por imponer la pena más dura, entre el abanico de posibles sanciones de que disponía, a los dos médicos que se niegan a centralizar las historias clínicas de sus pacientes a través del sistema informático conocido como Osabide. El instructor del expediente considera a Ángel Ruiz y Paz Pérez Gortari, facultativos desde 1985 del centro de salud de Sansomendi, en Vitoria, autores de dos faltas graves cada uno de ellos. Este tipo de faltas se castigan con la suspensión de empleo y sueldo entre un mes y un año. Osakidetza decidió finalmente suspender a ambos por dos años, uno por cada falta grave.

Se trata de las sanciones más duras de este tipo impuestas en la Administración vasca. Algunos médicos han llegado a ser expulsados de su puesto, pero ha sido como resultado de negligencias cometidas con los pacientes durante su actividad profesional, nunca por oponerse a una directriz del departamento alegando cuestiones de "conciencia".

En la Administración general, los sindicatos sólo recuerdan la expulsión de un funcionario por la apropiación indebida de dinero. Se suelen imponer suspensiones de empleo y sueldo de una semana, 15 días o un mes por cuestiones como impuntualidad o no justificar la ausencia del trabajo durante unos días, explica un representante de ELA.

En el caso del doctor Ruiz, el expediente disciplinario de Osakidetza le considera autor de una falta grave por incumplir las órdenes de sus superiores y continuar usando el programa informático OMI-AP, lo que supone "haber introducido datos clínicos de sus pacientes en una herramienta informática en desuso, impidiendo que esos datos se incluyeran en la historia clínica ya informatizada Osabide". El instructor del expediente indica que ello supone "un perjuicio para el paciente y una dificultad para los profesionales que le vayan a prestar atención", por no disponer de toda la información sanitaria en un solo documento.La segunda falta grave se le impone por "haber efectuado actos en pugna con los intereses de Osakidetza" al colocar un cartel en el centro de salud de forma "reiterada" a pesar de "la prohibición de su superior. Con ello", prosigue el expediente, "ha producido una gran alarma y desconcierto entre los pacientes y usuarios" del centro de Sansomendi. Esta alarma ha desembocado, según el instructor, en las posteriores actuaciones de la Asociación Ciudadana de Defensa de la Salud (Acidesa), como recogida de firmas y campañas en medios de comunicación, lo que ha supuesto un "grave desprestigio" para Osakidetza y un deterioro de la confianza de los pacientes en la capacidad del Servicio Vasco de Salud para custodiar la información sanitaria contenida en las historias clínicas.

En el cartel, colocado en la sala de espera de su consulta, el doctor Ruiz escribió: "Estimados pacientes. Con motivo del cambio del programa informático, Osakidetza ha traspasado los datos clínicos de todos los pacientes de este centro de salud (Sansomendi), a una base de datos centralizada, fuera del centro. Considero mi deber informarles de que dicho cambio se hace sin mi autorización y sin la suya, por lo que yo no asumo los perjuicios y molestias que esta medida pueda suponer".

Ruiz ha recalcado a este periódico que puso el cartel una vez que el programa Osabide comenzó a pedir los datos de sus pacientes. "El programa se puso en marcha en 1998 en medio del mayor oscurantismo. Hasta que no llegó al centro, en abril de 2002, yo no hice nada. Pero una vez que se implantó considere mi deber informar a los pacientes de lo que pasaba porque nadie les había dicho nada y se trata de sus datos", señala.

La doctora Paz Pérez, suspendida por colocar un cartel similar en su consulta y por no responsabilizarse de la implantación del programa, lo que incluso le acarreó su destitución como jefa del centro de salud, recuerda que le dieron un curso sobre Osabide el día antes de introducir el programa en Sansomendi. "No había garantías de confidencialidad. Lo que hizo Osakidetza fue volcar los datos de todos los pacientes y después pedir a los médicos que restringieran el acceso a la información. Por lo tanto, cualquier médico pudo acceder a esos datos, desde los interinos, que pueden trabajar un mes y después no volver, hasta los que trabajan en el sector privado. Ahora se han ido poniendo límites, pero muy elementales".

Ambos se declaran objetores de conciencia al sistema Osabide porque consideran que la centralización no es "éticamente correcta" y, sobre todo, se realiza sin informar ni pedir permiso previo a los pacientes, los auténticos dueños de los datos. "El 98% de la información generada en un centro de salud", asegura Ruiz, "nace y muere dentro de él. Como mucho, un 2% de la información que se crea en él puede ser pertinente para otro especialista. Entonces, ¿por qué ese afán de volcar toda la información de los pacientes?"

Ambos apuestan por fórmulas como la historia compartida por la que se ha inclinado el Gobierno catalán. Los centros asistenciales públicos, concertados y privados catalanes compartirán la historia clínica de un mismo paciente bajo un sistema de acceso común, pero descentralizado, según proyecta la Generalitat. Así, la propiedad de los datos será del ciudadano, que autorizará a cada centro el uso de su historia clínica indicándole en qué institución se halla. La identificación se hará a través del número de la tarjeta sanitaria individual, el acceso será limitado y diferente según cada perfil profesional y, para cumplir la Ley de Protección de Datos, se hará de forma que quien incorpore o modifique una parte del contenido podrá ser identificado sin problemas.