Educación intentará garantizar que vayan a clase los 1.650 niños que faltan al colegio

Unos 1.650 niños, en torno al 0,9% de los escolares vascos de seis a 16 años, faltan regularmente a clase. Otros 170 menores ni siquiera se hallan escolarizados, pese a que la educación en ese tramo de edad es obligatoria. La consejería de Educación, la Diputación vizcaína y Eudel se han aliado para garantizar que estos niños cumplan realmente su derecho a la educación. "Cuantitativamente no es un problema grave, pero socialmente sí que lo es", según la titular de Educación, Anjeles Iztueta, quien mostró su deseo de que la iniciativa se extienda a las otras dos provincias.

El protocolo suscrito entre Educación, el Departamento foral de Acción Social y Eudel, con una vigencia de tres años, pretende ser un detallado manual de instrucciones para que profesores, servicios sociales municipales y forales y familias combatan de manera coordinada el absentismo (un 20% o más de faltas a clase sin justificar en un mes) y la no escolarización (niños no matriculados o con un 100% de faltas sin justificar).

El acuerdo se limita por ahora a Vizcaya, aunque la voluntad de Educación es que se extienda a Guipúzcoa y Álava, aunque no ofreció un plazo para esta extensión. En cualquier caso, Vizcaya es la provincia más afectada por esta situación. Unos 1.100 escolares vizcaínos faltan a clase con regularidad, frente a unos 300 alaveses y 170 guipuzcoanos. Respecto a los niños sin escolarizar, Vizcaya suma en torno a 90, por 56 de Guipúzcoa y unos 25 en Álava. Estas cifras son meras estimaciones, puesto que no existen datos contrastables, según explicó Iztueta.

La consejera subrayó que estos datos reflejan un problema que, si no es abordado a tiempo, puede derivar a corto plazo "en el abandono [de la escuela] y el fracaso escolar y, a medio y largo plazo, [en] un grave problema social en cuanto a limitación de las posibilidades de empleo, promoción personal y profesional, marginación e incluso delincuencia".

Ni Iztueta, ni el diputado vizcaíno de Acción Social, Ricardo Ansotegui, ni el alcalde de Galdakao y representante de Eudel, Fernando Landa, precisaron en qué colectivos se produce más a menudo el absentismo. La guía repartida en la presentación indica, sin embargo, que "el absentismo escolar es en general una realidad muy significativa en zonas metropolitanas deficientemente integradas o desfavorecidas, sobre todo, entre las poblaciones de inmigrantes, minorías étnicas y familias desestructuradas". El dato de que este problema se concentra en el 5% de los centros escolares de Euskadi, facilitado por la consejera, avalaría la afirmación de la guía mencionada.

Condición para las ayudas

Las causas del absentismo y de la no escolarización suman un amplio abanico: familias desestructuradas, orfandad, familias que justifican o encubren la ausencia de clase continua y dificultades del alumno en su escuela fueron algunas de las mencionadas por Iztueta.

Una de las medidas acordadas es incorporar la asistencia regular de los hijos a la escuela a los compromisos que los perceptores de la renta básica o de las ayudas de emergencia suscriben oficialmente con la Administración para poder cobrarla. De este modo, una familia podría verse privada de esas ayudas si no escolariza a sus hijos -lo cual va además contra la ley- o no se asegura de que van a clase con regularidad.

"Este problema siempre ha estado ahí y siempre nos ha preocupado, pero es un problema difícil de abordar porque es un colectivo huidizo", según explicó la titular de Educación.

El representante de Eudel recordó que hasta ahora cada institución, incluidos los ayuntamiento, han luchado por su cuenta contra el absentismo escolar. Landa añadió: "Muchas veces las actuaciones no han obtenido los resultados deseados. Quizá por falta de coordinación [entre las instituciones] y de un compromiso expreso".

También se han acordado unos plazos concretos para abordar el absentismo. Una vez conocido el caso, será analizado en el colegio y, si éste no puede resolverlo, lo derivará a los servicios sociales municipales antes de 30 días. Estos lo evaluaran y, si no pueden resolverlo, lo enviarán antes de 45 días, dependiendo de la gravedad, a la delegación de Educación o al departamento vizcaíno de Acción Social. En casos muy graves, cuando la capacidad de los padres para ejercer la tutela esté en entredicho, el caso será enviado a la Fiscalía. Cualquiera de ellos deberá actuar en 15 días. El protocolo para los casos de no escolarización es similar, aunque el plazo global se reduce a 40 días.