Bruselas lleva a España al Tribunal de la UE por los incentivos fiscales vascos

La Comisión Europea se ha cansado de esperar y decidió ayer llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber recuperado aún las ayudas que las diputaciones forales vascas concedieron "ilegalmente", a través de incentivos fiscales a la inversión, a las empresas instaladas en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. La Comisión declaró en julio de 2001 contrarias a la libre competencia estas ayudas y exigió su recuperación.

Bruselas asegura que "da la sensación" de que las autoridades españolas "no han hecho nada" por exigir a las empresas la devolución de unas subvenciones que atentan contra los principios recogidos en el Tratado de la UE. Los regímenes fiscales impugnados ya fueron derogados a partir de la paz fiscal firmada por el Gobierno central y las instituciones vascas en enero de 2000. Sin embargo, los efectos fiscales de algunos de los incentivos siguen todavía vivos.

El argumento legal que utilizó ayer el equipo que dirige el comisario europeo de la Competencia, Mario Monti, para lanzar esta nueva ofensiva contra los incentivos fiscales vascos es que "no se han ejecutado seis de las siete decisiones" que adoptó la Comisión Europea en julio de 2001, por las que se declaraban ilegales los incentivos a la inversión dispuestos en el País Vasco y Navarra.

Las figuras cuestionadas fueron el llamado crédito fiscal, que permitía recuperar mediante la exención de impuestos hasta el 45% de la inversión nueva realizada, si era superior a los 2.500 millones de pesetas, y las minivacaciones fiscales, que contemplaban para las empresas de nueva creación importantes rebajas en el impuesto de sociedades a partir del primero en que tuvieran beneficios.

La decisión de las diputaciones vascas y el Gobierno de Navarra (éste sólo tenía las minivacaciones) de derogarlas no impidió la resolución adversa de Bruselas y la exigencia de recuperar las ayudas de las que se beneficiaron ilegalmente las empresas. La Comisión Europea constata en un comunicado que, después de casi dos años, las autoridades españolas "no han adoptado las medidas necesarias para ejecutar sus decisiones relativas a los regímenes fiscales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya". La reprimenda de ayer no afecta a Navarra. La Diputación de Vizcaya mostró ayer su "sorpresa" por la decisión ya que habían pedido una reunión con la Comisión. Las diputaciones vascas, respaldadas por las organizaciones empresariales de Euskadi, se han negado a entregar una relación detallada de las ayudas concedidas.

Mediación

El Ejecutivo vasco ha intentado mediar sin mucho éxito. El pasado 10 septiembre, la vicelehendakari Idoia Zenarruzabeitia se entrevistó con Mario Monti para intentar encontrar "una solución específica" a los problemas que le planteaba la recuperación de las ayudas concedidas a través de esos regímenes fiscales, sobre todo en el caso de las pequeñas empresas. Con las grandes, la cuestión estaba entonces prácticamente resuelta, ya que la mayoría renunció a los beneficios concedidos.

Zenarruzabeitia llegó a afirmar que la reunión con Monti sirvió para demostrar ante Madrid que las instituciones vascas eran capaces de defender "directamente" sus propios intereses en Bruselas. El diálogo se produjo, pero no ha terminado de cuajar después de seis meses de conversaciones técnicas y, como indicaron ayer fuentes de la Comisión Europea, "siempre llega un momento en el que se debe hacer algo". "Por eso nos hemos visto obligados a ir ante el Tribunal de Justicia, porque está claro en el Tratado que, si no se aplican nuestras decisiones, debemos recurrir ante los jueces", indicó el portavoz en el ámbito del control de las ayudas de Estado.

Los servicios de la Dirección General de la Competencia reconocen que la recuperación de las ayudas es un proceso complejo logísticamente. Sin embargo, "esto no implica que no se deba hacer nada", añaden. El equipo que dirige Mario Monti asegura que "se ha intentado resolver los problemas", pero las fuentes consultadas lamentaron que "se tiene la sensación de que no se ha hecho nada".

La Comisión Europea evitó echar la culpa de este incumplimiento al Gobierno central o al vasco. "Nosotros no entramos en si el Gobierno vasco ha enviado la lista al central o no, no tenemos ni idea. El problema es que no sabemos qué empresas se beneficiaron de estos apoyos y que no se está respetando la decisión que adoptamos exigiendo que se recuperan las ayudas, cosa que no se ha hecho", explicó dicho portavoz.