Más engaño

El Gobierno de la Generalitat ha entregado reiteradamente al Parlamento encuestas de opinión con datos abiertamente falsos. El departamento que dirige el conseller en cap, Artur Mas, responsable funcional de este asunto, ha practicado en los sondeos omisiones de datos que perjudicaban a sus líderes, mutilaciones estadísticas, manipulaciones en la valoración de adversarios políticos (y también de la propia coalición, como Josep Antoni Duran Lleida) en beneficio de Mas.

Para completar el desaguisado, el Gobierno autónomo financió un dictamen sobre una nueva ley electoral hecho a medida de los intereses de Convergència -y en detrimento de los de su socio, Unió-, cuyos extremos más sustanciosos también fueron censurados antes de entregarlos al Parlament. El Gobierno de Pujol, asumiendo el designio expresado por su líder de actuar como telonero del delfín Mas, respondió a esta catarata de noticias con tres argumentos. Primero, intentó desacreditar las revelaciones, asegurando que se trataba de cuestiones de décimas y meros redondeos. Luego prometió instaurar un sistema de encuestas menos subjetivo, calcando el del CIS, sin ofrecer más detalles. Y, finalmente, el propio Pujol sorteó el ominoso silencio de su heredero asegurando que en el peor de los casos el conflicto había sido generado por un "tonto" o un "inútil". ¿A las órdenes de quién?

La oposición ha tomado cartas en el asunto. El PP exige dimisiones. Los socialistas proponen una comisión parlamentaria de investigación. Iniciativa per Catalunya ha decidido llevar el asunto ante la justicia para que dilucide si hay falsedad en documento público y apropiación indebida de fondos públicos. El escándalo acompaña los estertores de un sistema clientelar y pone en duda la credibilidad del Gobierno de Pujol. La ciudadanía tiene derecho a una información estadística fiable, y la Administración, el deber de brindársela. Si CiU es incapaz de lograrlo, poco extrañará que se convierta en su propia víctima en las próximas elecciones.