Agua popular

Cientos de miles de ciudadanos de la Comunidad Valenciana, de la de Murcia y de Almería, previsibles beneficiarios directos del trasvase del Ebro, se manifestaron ayer en Valencia en defensa del Plan Hidrólogico Nacional, y en especial de la financiación con fondos de la Unión Europea de las obras necesarias para su puesta en práctica. La manifestación fue masiva, independientemente de la habitual guerra de cifras que sucede a cada concentración de este tipo, tal y como hacían suponer los abundantes medios públicos puestos a disposición de los organizadores. Aunque formalmente convocada por la Asociación Valenciana de Agricultores, la manifestación contaba con el respaldo político del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y de Murcia y había sido cuidadosamente preparada por las instituciones que gobierna este partido con cargo a fondos públicos.

En realidad, quien debería darse por aludido por la manifestación impulsada por el partido del ex presidente de la Generalitat valenciana y actual ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, es el Gobierno del que éste forma parte en Madrid. Al Gobierno de Aznar corresponde, una vez aprobado el Plan Hidrológico Nacional hace ya casi dos años, poner en marcha la ejecución de dicho plan y convencer a la Comisión Europea de que el trasvase anual de 1.050 hectómetros cúbicos de agua del Ebro no va a causar daños irreversibles en su delta, que será aceptable el impacto sobre el paisaje de los 118 embalses previstos y que los mecanismos de fijación del precio del agua se aproximarán, al menos, a su coste real.

El Partido Popular presume de su "coraje" por haber puesto fin, con la aprobación del Plan Hidrológico Nacional, a "la fractura entre la España húmeda y la España seca". Pero a la hora de llevarlo a la práctica no duda en culpar a otras fuerzas políticas de los problemas que plantea su ejecución y de capitalizarlo electoralmente con manifestaciones como la de ayer en Valencia. La aprobación parlamentaria del Plan Hidrológico Nacional constituyó "un paseo militar", en expresión del ministro Arias Cañete, sin que se aceptase en el Congreso ni una sola de las 400 enmiendas presentadas por los grupos de la oposición y hurtando su debate en el Senado, escenario adecuado para tratar un asunto que atañe a todas las autonomías y respecto del cual Aragón siempre ha mantenido una posición de radical disconformidad. No constituye un pecado de lesa patria que estos grupos políticos intenten exponer sus puntos de vista donde todavía es posible: la Comisión Europea. Aunque mejor habría sido que su aprobación en el Parlamento español no hubiera resultado "un paseo militar" y que se hubiera consensuado un plan políticamente más viable que el actual, lo que habría favorecido notablemente su financiación por la UE.