El Superior abre una vía para la regularización de los inmigrantes

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dictado dos sentencias en las que ordena a la Subdelegación del Gobierno central en Vizcaya que tramite las solicitudes de permiso de trabajo y residencia que dos empresarios presentaron para sendos inmigrantes chinos a los que pretenden contratar. El Superior anula así la decisión de la Subdelegación de rechazar dichas peticiones sin siquiera tramitarlas. Estas sentencias abren la vía para que cualquier inmigrante con una oferta de trabajo pueda solicitar su regularización, vía que el Gobierno central cerró en 2002.

Harresiak Apurtuz (Rompiendo muros), la coordinadora de ONG de Euskadi de apoyo a los inmigrantes, que promovió las reclamaciones judiciales, aseguró ayer que estas "importantes sentencias" suponen una "esperanzadora y trascendental noticia" para miles de inmigrantes porque amparan su derecho a que sus solicitudes de permiso de trabajo y residencia sean, al menos, tramitadas. Representantes de las 29 ONG integradas en Harresiak Apurtuz subrayaron, no obstante, que "ello no supone que los permisos sean concedidos".

La Abogacía del Estado está analizando los fallos del Superior para decidir si los recurre, según explicó un portavoz de la Subdelegación del Gobierno. Sin embargo, mientras no haya sentencia firme, los fallos del Superior abren la vía para que se tramite la regularización de quienes tengan una oferta de empleo. La Dirección de Inmigración del Gobierno vasco estima que unos 4.000 sin papeles viven en Euskadi. Las ONG recordaron que los extranjeros no pueden ser expulsados mientras se tramitan sus expedientes, lo que lleva unos 15 meses.

Harresiak Apurtuz y el consejero de Asuntos Sociales, Javier Madrazo, hicieron pública la decisión del Superior en dos ruedas de prensa por separado en Bilbao.

Las sentencias de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Superior, que preside Juan Luis Ibarra, anulan "por disconformidad a derecho" la decisión de la Subdelegación del Gobierno de no admitir a trámite las peticiones de los empresarios, presentadas después del 14 de enero de 2002. El Gobierno central ordenó ese día a todas sus delegaciones autonómicas que denegaran las peticiones de regularización presentadas al margen del contingente de trabajadores extracomunitarios. El tribunal reconoce el derecho de los recurrentes a que sus peticiones de permiso de trabajo y residencia sean tramitadas según lo previsto en la Ley de Extranjería y condena a la Administración central a pagar las costas.

Los empresarios, Huanxin Yang y Huan Ping Zhang, pretendían contratar a sus compatriotas Quing Yong Ye Zhang, el primero, y Lifen Zhang, el segundo, como cocineros especializados en comida china para trabajar en restaurantes de Vizcaya. Ambos empleadores presentaron junto a la solicitud sendos certificados del Inem que acreditaban que no había demanda local para ocupar ese empleo. Ibarra, ponente de la sentencia, recuerda que las solicitudes presentadas por los empleadores se basaban en sendas ofertas de empleo para atender una "necesidad real de mano de obra" en Vizcaya, provincia a la que el Gobierno central no asignó ni un solo puesto de trabajo dentro del contingente de ese año.

José Ángel Esnaola, defensor de los recurrentes y miembro de la Asociación de Chinos de Euskadi, presentó el fallo junto a otros representantes de Harresiak Apurtuz.

El director de Inmigración, Omer Oke, destacó en su comparecencia junto a Madrazo que el Superior ha abierto una vía para "sacar de la irregularidad y facilitar la integración de los extranjeros que ya están en Euskadi, muchos de los cuales se ven obligados a trabajar en la economía sumergida". Las ONG coincidieron con este planteamiento.

Para Madrazo las sentencias son "muy importantes". Fuentes de la Subdelegación del Gobierno señalaron que están "totalmente de acuerdo" con el consejero en su valoración del sistema judicial español. Madrazo anunció que pedirá una entrevista con el ministro del Interior, Ángel Acebes, para instarle a que las subdelegaciones del Gobierno tramiten las solicitudes de regularización. Explicó que si Acebes rechaza su petición, pondrá sus "servicios jurídicos" a disposición de empleadores e inmigarntes para garantizarles la tramitación. Para Madrazo, la decisión del Superior es un "varapalo sin precedentes" a la política de inmigración del PP.