Paella para todos

El próximo domingo habrá en Valencia los trenes y autobuses adicionales que brillaron por su ausencia el 15 de febrero, día de la manifestación contra la guerra de Irak, la mayor registrada nunca en la ciudad. El domingo también habrá paella gratis y banda de música para amenizar la jornada de los que asistan a la concentración en apoyo del Plan Hidrológico impulsada por el PP de la Comunidad Valenciana sin regatear medios, incluyendo el buzoneo de millón y medio de cartas. Todo ello con cargo a las instituciones que gobierna ese partido con mayoría absoluta: el Consell, las Cortes valencianas y las tres diputaciones. La cosa sale por algo más de un millón y medio de euros.

La concentración, con el lema Agua para todos, está formalmente convocada por la Asociación Valenciana de Agricultores, aunque todo el mundo sabe que quien la impulsa es el partido del ex presidente de la Generalitat y actual ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, en un intento de capitalizar con vistas a las elecciones de marzo el Plan Hidrológico Nacional, aprobado hace año y medio, y especialmente el trasvase del Ebro, contra sus rivales socialistas, defensores de medidas de ahorro, racionalización y aprovechamiento de infraestructuras previas a cualquier transferencia entre cuencas.

Envuelto en un patriotismo hidráulico agresivo -el delegado del Gobierno, Juan Cotino, ha llegado a afirmar que "todo el que se sienta valenciano debe acudir a la concentración"-, el PP ha dado un paso más en la instrumentalización de todo tipo de organizaciones sociales con fondos públicos. Al implicar de lleno a las instituciones en lo que a todas luces es una campaña partidista, con utilización del dinero de todos los valencianos (favorables o no al PHN, simpatizantes o no del PP, partidarios o no de las paellas gigantes) para una movilización inducida desde el Gobierno, los correligionarios de Zaplana se han adentrado en una dinámica de confusión entre lo público y lo privado, las instituciones y los partidos que ocasionalmente las dirigen, en la que el actual ministro de Trabajo cuenta con una larga experiencia. Por supuesto que el PP está en su derecho de promover las manifestaciones que estime convenientes, pero es impropio de un sistema democrático que las financie con cargo al erario público.