La policía desmonta por segunda vez en dos días el campamento de portugueses de Almonte

Los 250 inmigrantes portugueses que se asentaron el sábado en una finca conocida como El Lote, en El Rocío (Almonte, Huelva), después de abandonar a propuesta de la Policía Autonómica la de Matalagrana, ubicada en el entorno, tuvieron ayer que levantar de nuevo el campamento y salir del lugar. La Policía Autonómica les explicó, por segunda vez en menos de dos días, que no está permitida la acampada libre en esos terrenos. La finca de Matalagrana es propiedad de la Consejería de Medio Ambiente y buena parte de la de El Lote está adscrita a la de Agricultura.

Los inmigrantes emprendieron la marcha de forma escalonada, sin que se registraran incidentes. Pero volvieron a asentarse en otras fincas cercanas a la zona. Y no cesarán en su empeño hasta que no encuentren un trabajo en las plantaciones de fresa, según aseguraron los vecinos de esa aldea. Ese colectivo reclamaba un campamento donde pueden vivir durante los meses de la fresa. Algunos llevan más de 13 años trabajando en la campaña agrícola onubense.

El delegado del Gobierno andaluz en Huelva, Juan José López Garzón, afirmó que la acampada es ilegal porque ambos terrenos "son de titularidad pública". "No se permite la acampada libre a ningún ciudadano, sin excepción alguna. Estas personas,como ciudadanos europeos, tienen libertad absoluta de movimiento. Pero deben saber que tienen que respetar las leyes de la Comunidad Europea", explicó.

Juan José López Garzón señaló que la Policia Autonómica les informó que "pueden ubicarse en lugares donde esté permitida la acampada, como en los camping. En sitios que estén legalizados. Pero no pueden levantar campamentos por capricho en el primer lugar donde se les antoje". Y añadió: "Esta prohibido tanto para ellos como para cualquier ciudadano europeo".

Por su parte, Manuel Batista, concejal socialista en el Ayuntamiento de Moguer (Huelva) afirmó que las acampadas ilegales se está convirtiendo en "la tónica de los pueblos freseros de la provincia en los últimos años". En Moguer la policía tuvo que intervenir el pasado 15 de febrero para desalojar en dos ocasiones a un grupo de 50 inmigrantes subsaharianos que habían levantado un campamento ilegal.

Batista resaltó que hay en torno a 2.000 inmigrantes de una finca a otra sin control alguno. "Si los obligan a abandonar un lugar, se van a otro", dijo. Batista señaló que la mayoría vienen sin contrato y se instalan en las proximidades de los tajos freseros hasta que encuentren trabajo. "Ellos saben que tarde o temprano alguien les dará trabajo", dijo.

Por su parte, los agentes de la policía autonómica mantienen un dispositivo de vigilancia en los terrenos protegidos por Medio Ambiente en los alrededores de Almonte (Huelva), a fin de evitar que los 250 portugueses vuelvan a instalar un campamento