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Editorial:

Represalias de Chávez

Hugo Chávez no está dispuesto a cumplir su papel constitucional de aglutinante de los venezolanos. Por el contrario, el presidente de Venezuela se empeña en ahondar la división entre sus conciudadanos. El último gesto de esta política de venganza ha sido la orden de detención contra los dos principales dirigentes de la huelga general, encaminada a forzar su renuncia, que paralizó el país durante dos meses: el empresario Carlos Fernández y el sindicalista Carlos Ortega, acusados ambos de rebelión civil y traición, entre otros delitos. Mientras Ortega ha pasado a la clandestinidad, Fernández compareció ayer ante el juez.

Lo de menos es si, como asegura el Gobierno, se han seguido los procedimientos legales oportunos en el arresto del jefe de la principal organización empresarial venezolana. Se da por supuesto. Lo realmente importante es que el frágil país latinoamericano, cuyo marco democrático se corrompe por momentos, necesita imperiosamente una tregua para recomponer su concordia civil y su maltrecha economía. Y ese respiro, al menos hasta que en agosto se pueda celebrar constitucionalmente un referéndum sobre la suerte del presidente o se adopte una decisión electoral, es imposible si Chávez ampara represalias contra sus adversarios políticos. Esta misma semana han sido asesinados cuatro simpatizantes de la oposición en circunstancias tales que han motivado la petición de una investigación exhaustiva por parte de organizaciones fiscalizadoras de los derechos humanos.

El presidente venezolano se ha crecido políticamente tras sobrevivir al gran desafío planteado por el paro general opositor. En su deriva autoritaria, Chávez ha prometido a los suyos una "ofensiva revolucionaria"; como aperitivo, ha establecido este mes el control de cambios y advertido que lo utilizará como arma financiera contra los empresarios díscolos. Pero la decisión de encarcelar a los líderes de la huelga va más allá. No sólo por su significado intrínseco, sino porque se produce dos días después de que Gobierno y oposición se comprometieran en una declaración conjunta a hacer los esfuerzos necesarios para promover la reconciliación nacional. Era el primer acuerdo esperanzador en Venezuela después de tres meses de negociaciones infructuosas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 22 de febrero de 2003