La mayoría de las comunidades advierte a Educación de que no desarrolle la Ley de Calidad sin consultarlas

Las comunidades autónomas acordaron ayer pedir de forma conjunta a la ministra de Educación, Pilar del Castillo, que no apruebe el desarrollo de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) sin debatirlo primero con los consejeros en la Conferencia Sectorial de Educación. Viceconsejeros y directores generales de la mayoría de las comunidades autónomas (incluidas las gobernadas por el PP) llegaron ayer a este acuerdo en la reunión de la Comisión General de Educación, celebrada en Madrid, un organismo creado en 2000 por el Gobierno, cuya labor consiste en la preparación de posteriores reuniones de la Conferencia Sectorial.

"El ministerio nos convocó con la idea de cumplir con el trámite de presentar a las comunidades los reales decretos de desarrollo de la LOCE (hechos públicos el 7 de febrero, antes de conocerlos las comunidades). Ha sido un atropello, algo inaceptable, el ministerio ha demostrado una gran falta de respeto a las comunidades, que somos las que vamos a tener que aplicar unilateralmente esta reforma", dijo el viceconsejero de Educación de Castilla-La Mancha, Pedro Pablo Novillo.

"La ministra ha tenido que pasar la vergüenza de verse forzada por las comunidades a cumplir con sus obligaciones", manifestó la responsable de Educación de la Ejecutiva socialista, Carme Chacón. De acuerdo con la normativa, el Gobierno tiene que convocar la Conferencia Sectorial si lo solicitan al menos seis comunidades.

El director general de Cooperación Territorial y Alta Inspección del Ministerio de Educación, Juan Ángel España, confirmó que la convocatoria de la Conferencia Sectorial no figuraba en el orden del día de la reunión de ayer pero que, a raíz "de una propuesta", fue mayoritariamente aprobada la petición de convocarla "en el más breve plazo posible", informa Efe.

Entre los desarrollos de la LOCE ya presentados figuran los reales decretos que detallan la aplicación de aspectos muy relevantes, como la reforma de tercero y de cuarto de la ESO para la división de los alumnos en itinerarios, cuya puesta en marcha tendrá presumiblemente un coste importante, así como la gratuidad de la educación infantil en todos los centros privados concertados y el calendario de aplicación de la ley.

Dos meses después de la aprobación de esta ley, aún no se conoce su financiación ni cuándo se reunirá el Consejo de Política Fiscal y Financiera para estudiarla.