El juez cita como imputados a tres altos cargos que ordenaron alejar el 'Prestige'

Un escueto folio ha servido para dar un giro radical en la causa del Prestige. El juez de Corcubión (A Coruña) que investiga el naufragio admitió ayer la querella criminal de Nunca Máis contra los altos cargos que decidieron el alejamiento del Prestige y citó como imputados a tres altos cargos que integraron el gabinete de crisis que acordó la medida. Ante el juez deberán desfilar el director general de la Marina Mercante, José Luis López-Sors; el entonces capitán marítimo de A Coruña, Ángel del Real, y el delegado del Gobierno en Galicia, Arsenio Fernández de Mesa.

Javier Collazo, el juez de Corcubión que investiga el naufragio del Prestige, citó ayer para los próximos días a tres altos cargos integrantes del gabinete de crisis que ordenó el alejamiento del petrolero siniestrado el pasado 13 de noviembre. Deberán testificar como imputados el director general de la Marina Mercante, José Luis López-Sors; el entonces capitán marítimo de A Coruña, Ángel del Real, y el delegado del Gobierno en Galicia, Arsenio Fernández de Mesa.

- Conocer los estudios. Ahora tendrán que explicar ante el juez no sólo la bondad de la medida que ellos han presentado como la mejor de los posibles, el alejamiento del barco, sino cuáles fueron los fundamentos técnicos de su decisión. No en vano, el juez ha querido pertrecharse antes de su citación de toda una batería de documentos de Fomento para desnudar el esqueleto de las decisiones de esos trágicos momentos. Por ejemplo, si el gabinete de crisis al que pertenecían hizo estudios sobre las siguientes cuestiones cruciales: los daños en el Prestige el día del accidente; la posibilidad de que se hundiera dada la grieta que presentaba; los riesgos que entrañaba alejar el petrolero; y detallar su plan para ir solventando el vertido del fuel que transportaba.

El juez tiene otra línea de interrogantes para el gabinete de crisis, a tenor de los documentos que ha requerido a Fomento: quiere que las autoridades aclaren si era posible llevar el buque a alguna zona abrigada; si era viable trasvasar el fuel, cómo se acordó el destino del petrolero -Fomento asegura que sólo ordenó el alejamiento del petrolero sin fijarle rumbo, pero las comunicaciones de Finisterre al Prestige apuntan que sí se le fijó una ruta- y qué otras medidas barajaron distintas del alejamiento.

- Informes verbales. En la medida en que Fomento ha ido apuntando que buena parte de sus decisiones de esos momentos se basaron en informaciones verbales, el juez parece creer llegado el momento de que dichos altos cargos detallen todas sus conversaciones, consejos o asesoramientos de estos días. En este sentido, el juez ya dispone de elementos que evidencian que la decisión de alejamiento, oficialmente tomada el 14 de noviembre y comunicada al barco esa noche, ya estaba tomada, en realidad, por las autoridades desde la víspera, en la noche del mismo día del accidente. Sasemar, la sociedad de salvamento dependiente del ministerio de Fomento, requirió por fax a las 20.30 del día 13 al armador del petrolero para que ordenara hacer firme el remolque al Ría de Vigo "a fin de mantener al buque lejos de la costa española".

- Esclarecer el remolcaje. El remolcaje o salvamento del petrolero siniestrado es otro capítulo que el juez quiere esclarecer hasta sus últimas consecuencias. Lo indica no sólo la batería de documentos que ha requerido recientemente a Fomento (contratos de Sasemar con el remolcador Ría de Vigo, faxes entre Sasemar y la rescatadora privada en torno al acuerdo llegado esa tarde sobre el uso del remolcador público, y conversaciones mantenidas). Para aclarar las contradicciones ha citado a un directivo de Remolcanosa, propietaria del Ría de Vigo, Gonzalo Vidal, pero en calidad sólo de testigo.

- Versiones cambiantes. Algunos de los altos cargos ahora citados como imputados ya han comparecido ante el juez, al que aportaron datos que luego admitieron que eran erróneos. Es el caso del entonces capitán marítimo de A Coruña, Ángel del Real. Declaró ante el juez que el petrolero no podía entrar en el puerto coruñés porque tenía un calado de 21 metros, y que en él sólo se puede entrar con un calado de 18 metros. Luego, Del Real calculó que debía tener sólo 16,5 metros de calado cuando sufrió el accidente que ocasionó la escora de 25 grados. En realidad, el remolcador Alonso de Chaves calculó a las 17 horas del día 14 que el calado del petrolero era de sólo 14,3 metros.Tras difundirse estas contradicciones, el ministerio de Fomento dejó de plantear la imposibilidad física de introducir el Prestige en el puerto de A Coruña. El ministro Francisco Álvarez Cascos explicó que no dependió de su calado, sino de una orden de 1977 que prohíbe la entrada de petroleros de 15,5 metros de calado en dicho puerto. Fomento aseguró que consultó tal decisión con el práctico de A Coruña, Evaristo Landeira, pero este funcionario aseguró a EL PAÍS que nunca se le pidió oficialmente su opinión y que, en todo caso, él ofreció meter el barco si se le eximía por escrito de responsabilidad.

- Defensa del alejamiento. López-Sors llevó la voz cantante en las reuniones del gabinete de crisis, según testigos. Defendió (en permanente contacto con la cúpula de Fomento en Madrid) el alejamiento del petrolero por dos creencias que se revelaron infundadas. Si llegaba a hundirse el buque, prefería que ocurriese lejos de la costa porque en alta mar el fuel se solidificaría en el fondo y la administración ganaría tiempo para preparar la defensa de las costas ante una marea negra. Ninguna de sus apuestas se confirmó: ni el fuel se solidificó ni el Gobierno blindó a tiempo (a pesar de que el petrolero navegó seis días tras el siniestro) la costa frente al chapapote. No fue mejor profeta Fernández de Mesa: "El destino del fuel en el fondo del mar es convertirse en adoquín". Ninguno de ellos compareció ante la comisión de investigación del Parlamento gallego.

La admisión de la querella de Nunca Máis provocó el malestar del Ministerio de Fomento: "Lamentamos la situación personal en la que Nunca Máis quiere situar a los servidores públicos que con su esfuerzo y su dedicación atienden todos los días las emergencias marítimas". El departamento de Álvarez-Cascos reiteró "que las decisiones adoptadas por los altos cargos de Marina Mercante fueron correctas, profesionales, y técnicamente fundadas".