No son incapaces

El Consejo de Ministros aprobará mañana un anteproyecto de ley de protección patrimonial de las personas con discapacidad para garantizar su estabilidad económica si faltan sus padres o tutores. La iniciativa es una de las que se han adoptado en el inicio de este 2003, que ha sido declarado Año Europeo del Discapacitado. La calidad democrática y la condición moral de una sociedad se miden también por su sensibilidad en el trato a sus miembros más débiles, especialmente los ciudadanos con alguna discapacidad, por lo que debe aplaudirse una iniciativa que busca garantizar su seguridad económica en caso de muerte de sus padres o tutores.

Se calcula que en el mundo hay más de 500 millones de personas con alguna discapacidad por causas naturales o por accidentes, sobre todo de tráfico. El censo de nuestro país registra unos 3,5 millones de ciudadanos en esta situación. Y aunque algunos cuestionen la pertinencia de dedicar un año o un día especial a colectivos que merecen la atención permanente de la sociedad, lo cierto es que la situación de desigualdad que viven los discapacitados exige que sea denunciada con cierta periodicidad.

Entre otras razones, para forzar un cambio en la relación de la sociedad con estos ciudadanos, no viéndoles sólo como personas con discapacidad, sino con capacidades que pueden y deben desarrollarse personal y socialmente. Y en no pocos casos de manera genial. Una mano bastó a Cervantes para escribir el Quijote, y la sordera de Goya, que le privó de oír el fragor de los fusilamientos del Dos de Mayo, no le impidió pintar el espanto de quienes iban a ser fusilados.

Leyes como la que aprobará mañana el Consejo de Ministros que, entre otras cosas, contempla la posibilidad de dejar la totalidad de la herencia al hijo afectado de discapacidad o la creación de un fondo con aportaciones familiares o empresariales desgravables a favor de los discapacitados, constituyen medidas de discriminación positiva necesarias para compensar las innegables dificultades de estas personas para acceder al empleo, la educación, la cultura o el ocio. La legislación sobre los derechos de las personas con discapacidad ha sido abundante en los dos últimos lustros, tanto a escala internacional como nacional y autonómica, pero se echa en falta una ley marco o carta fundamental sobre la integración social de los discapacitados. Y hay un aspecto crucial que debe ser abordado sin demora: el derecho de acceso universal, negado a los discapacitados con toda suerte de obstáculos arquitectónicos en calles, edificios públicos o comerciales y transportes.

Con todo, ese derecho a la plena equiparación de oportunidades sólo será efectivo cuando cada ciudadano lo respete y permita su ejercicio en sus ámbitos de vida. Es intolerable que, todavía hoy, personas con problemas de movilidad vivan prácticamente en arresto domiciliario en sus propias viviendas porque una mayoría de sus convecinos se niegan a autorizar las obras pertinentes de acceso al edificio común.