Zapatero promete elevar al 5% la cuota de empleo público para los discapacitados

Es uno de los asuntos a los que más atención dedican los socialistas: los discapacitados y las personas dependientes, lo que llaman el "cuarto pilar" del Estado del bienestar. Por eso, ayer, el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, en una visita a la ONCE, prometió que, si gana las elecciones, modificará la ley para reservar un 5% de la oferta de empleo público a los discapacitados (ahora se les destina el 3%). El aumento de las oportunidades laborales es una de las primeras reivindicaciones de las personas con minusvalía (3,5 millones en España), que estrenan su año europeo.

El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, compareció ayer junto al presidente de la ONCE, José María Arroyo, y aprovechó para anunciar que los socialistas presentarán iniciativas en el Congreso para impulsar ese 5% de cuota y elaborar un plan para acabar con las barreras arquitectónicas. Zapatero, que ha convertido este asunto en una de sus prioridades, sostuvo que España, pese a los avances de los últimos años, tiene aún un retraso de unos 20 años en tratamiento de los discapacitados, precisamente uno de los campos donde, en su opinión, más se puede trabajar para ampliar derechos sociales.

El dirigente socialista no supo fijar el número de trabajadores discapacitados que tiene el PSOE, aunque dijo que "es imprescindible contar con ellos" y "movilizar a los ciudadanos" para garantizar que todos los ciudadanos "son iguales" y tienen los mismos derechos a la hora de acceder a los trabajos.

El 9% de la población

El desempleo es "el primer gran problema" de los discapacitados, según Mario García, presidente del CERMI, organización que agrupa a más de 2.500 asociaciones y cuya dirección será recibida hoy por el presidente del Gobierno, José María Aznar. Las personas con carencias físicas o psíquicas, son el 9% de la población (3,5 millones). Cuatro de cada diez tienen menos de 65 años (las deficiencias osteoarticulares son la causa más frecuente de su situación), según la Encuesta Nacional de Discapacidades, de 1999. Al elaborarla, la tasa de actividad de las personas discapacitadas entre 16 y 64 años era del 24%. Este porcentaje sobre la población total en edad laboral era del 54%.

"En líneas generales, no se cumple la ley de 1982 que obliga a reservar empleos para las personas discapacitadas", asegura García. Añade que el incumplimiento se da en buena parte de la Administración (obligada a dedicar el 3% de los puestos a personas con minusvalía) y de las empresas privadas (las de más de 50 trabajadores deben concederles el 2% de los empleos, por lo que reciben bonificaciones y desgravaciones). El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales asegura que "se respeta escrupulosamente la cuota del 3% en la Administración", pero a veces no se cubre "por la falta de candidatos idóneos".

El incumplimiento motivó una reforma, en 2000, que permite a los empresarios sustituir la reserva de empleos por la compra de bienes o servicios a centros especiales de empleo. Comisiones Obreras, que como UGT, se opuso a ese cambio, denuncia que tampoco se controla el cumplimiento de las medidas de inserción. "Ni siquiera se vigila en las administraciones públicas", asegura Blanca Villate, de la Secretaría de Política institucional de CC OO. "La cuota era una apuesta por el empleo ordinario y ahora se opta por el protegido", añade la secretaria de Igualdad de UGT, Almudena Fontecha. Según Trabajo, en los últimos cuatro años más de 100.000 discapacitados han sido contratados a través del INEM y casi 30.000 trabajan en los centros especiales. A falta de empleo, las personas entre 18 y 64 años con una discapacidad del 65% tienen derecho a una pensión no contributiva, unos 300 euros mensuales. También existen desgravaciones.