Fraude desconocido

La elevación desde 90.000 a 120.000 euros del límite a partir del cual el fraude a la Hacienda pública pasa a ser un delito, contenida en el proyecto de reforma del Código Penal, no pasará a la historia por su generosidad. Ese aumento del 33% parece muy espectacular, pero sólo es un poco más elevado que el 25% que ha aumentado la inflación en España desde 1995, fecha de la anterior revisión de este límite, que pasó entonces de 5 a 15 millones de pesetas.

Donde más endeble parece la elevación del límite penal es en el desequilibrio entre esta supuesta manga ancha con las prácticas de elusión fiscal y la eficacia de la lucha contra el fraude. Un administrador prudente no dudaría en elevar progresivamente dicho límite en función de los progresos observados en la corrección del fraude. Pero no es éste el caso, y no lo es porque sencillamente la sociedad española no sabe cuál es la evolución reciente de este capítulo. Un desconocimiento que hay que atribuir al empeño del Gobierno en suprimir la información estadística, no sólo para el ciudadano, sino también para uso de la propia Administración. Los estudios e informes sobre el fraude tributario ya no existen, de forma que es imposible evaluar su importancia relativa en el nuevo marco impositivo. Las cifras de actuación de la Agencia Tributaria, recientemente conocidas, resultan en muchos casos ininteligibles por la mezcla de asuntos heterogéneos.

No es un secreto que la gestión tributaria en España se ha deteriorado de forma notable desde 1996. El Gobierno transmite el mensaje de que no está preocupado por el fraude fiscal y que se conforma con que la recaudación impositiva total mantenga tasas de crecimiento elevadas, un logro fácil de conseguir en tanto que la recaudación está en relación directa con el aumento nominal del PIB. La elevación del límite penal es uno más de esos movimientos, aparentemente ciegos, que confirman esta despreocupación.