Pensiones de vía estrecha

El Gobierno ha impuesto su deseo, defendido con extraña terquedad por el presidente Aznar, de impedir a las comunidades autónomas que complementen las prestaciones asistenciales a los pensionistas con ayudas procedentes de sus presupuestos. El anteproyecto de la ley de Medidas Específicas en materia de Seguridad Social, aprobado el viernes, establece que cualquier prestación pública que complemente las prestaciones contributivas y no contributivas pertenece al sistema de la Seguridad Social y, por lo tanto, es competencia exclusiva del Gobierno central.

Cuando se apruebe la ley, los gobiernos autónomos ya no podrán pagar ayudas esporádicas o complementarias a los pensionistas que perciban pensiones asistenciales, como las planteadas en Andalucía, La Rioja o Cataluña, en este último caso complementarias de prestaciones por viudedad, que forman parte del sistema de pensiones retributivas. Aunque, a tenor de las explicaciones confusas dadas por el ministro Zaplana sobre el alcance del anteproyecto de ley parece que bastaría con cambiar el nombre de esa ayuda, evitando asociarlo al concepto de pensión, para que las comunidades autónomas pudieran seguir prestándola sin problemas.

Una reflexión inmediata e inevitable es el alcance político de esta exclusiva de las ayudas discrecionales que se reserva el Gobierno. Por ley se impide a las comunidades autónomas, algunas controladas por partidos políticos competidores del PP, que pujen en el mercado electoral con ofertas de ayudas sociales que puedan acrecentar su clientela, como no se priva de hacer el Gobierno, incluso con costosas campañas publicitarias que disfrazan de generosas pagas extra a los pensionistas, sus errores de bulto sobre la inflación. Al margen de este ventajismo evidente, la cuestión de fondo es que el Gobierno se declara único intérprete posible de los principios de igualdad y solidaridad que constituyen el fundamento de la Seguridad Social. Según esta interpretación, hay que prohibir los complementos sociales autonómicos para evitar discriminaciones "por el solo hecho de residir en diferentes comunidades autónomas".

Pero esta lectura de la igualdad llevaría, por reducción al absurdo, a impedir que las comunidades autónomas o los ayuntamientos construyesen carreteras o escuelas para evitar que los residentes de otras zonas pudiesen sentirse discriminados. El desarrollo de los principios de igualdad y solidaridad debe partir de una red mínima de protección social -garantizada en todo el país por el sistema retributivo de la Seguridad Social- y, a partir de ese mínimo, permitir un amplio juego a la iniciativa política. Es imprescindible, claro está, preservar el principio de caja única, aplicable de forma rigurosa a las pensiones contributivas, porque dependen de una recaudación común; pero no se aprecia razón alguna para que un Gobierno autónomo, en uso de su responsabilidad política y siempre que respete los compromisos de déficit, no pueda utilizar su capacidad de gestión decidiendo si asigna más recursos a la construcción de infraestructuras, a los programas de formación, al fútbol o a los gastos sociales. No otra cosa dijo el Tribunal Constitucional al avalar las ayudas sociales acordadas por Gobierno andaluz en 1999. Y en el terreno político, los ciudadanos decidirán con sus votos si respaldan o no esa distribución del gasto público.

El Gobierno confunde el principio de igualdad con un unitarismo de vía estrecha que poca relación guarda con los problemas reales de los pensionistas. Las modestas prestaciones propuestas por las autonomías díscolas en ningún caso vulneraban el principio de caja única, bien porque complementaban pensiones asistenciales, bien por su carácter de paga única. Este reduccionismo que impone el Gobierno llega al absurdo de atajar un problema que no estaba planteado y, lo que es más grave, recorta la capacidad de gestión política de los recursos públicos en el ámbito autonómico. Con leyes de traje único no se potencia el Estado de las autonomías, como marca la Constitución, ni se mejora el bienestar de nuestros pensionistas.