Un mensaje mortal a la política de Uribe

Un mensaje claro enviaron los terroristas con el brutal atentado en Bogotá. Para ellos no hay sitios vedados. El club El Nogal, uno de los símbolos del poder, está situado en uno de los puntos más seguros y neurálgicos en la capital.

Allí se dan cita empresarios, ejecutivos, políticos, hombres de la banca y tiene por vecinos a los embajadores de EE UU, España e Italia. La seguridad del club es privada y cuenta con el asesoramiento de expertos norteamericanos. Hace apenas un año se realizó allí un simulacro de tragedia y se formularon nuevas y estrictas recomendaciones. Nadie se explica hoy cómo los terroristas lograron pulverizar semejante blindaje.

El atentado es un mensaje directo al presidente Álvaro Uribe, que el viernes cumplió medio año en el poder. Fernando Londoño, el superministro que tiene a su cargo las carteras de Interior y Justicia y se caracteriza por sus posiciones radicales, había sido presidente de la directiva del club. La ministra de Defensa, Marta Ramírez, es huésped ocasional del hotel del club.

Nadie se explica hoy cómo los terroristas lograron pulverizar semejante blindaje

El presidente afirma que la amenaza terrorista no está en Irak, sino en Colombia

La fiscalía señala a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como responsables. Para muchos analistas, la calma de los últimos días hacía presentir "un duro golpe" de esta guerrilla, con la que se rompió un proceso de paz hace un año, para dejar claro que siguen vivos y al mismo tiempo desmentir recientes declaraciones del superministro Londoño. Para él, las FARC están poco menos que acorraladas. Desde hace poco las FARC colocaron en su punto de mira los clubes sociales de Bogotá. Según ellos, en uno se realizó un encuentro entre comandantes paramilitares y delegados del Gobierno.

En medio del estupor, Uribe repitió la frase con la que sorprendió recientemente. Palabra más, palabra menos, el presidente piensa que la amenaza terrorista no está en Irak, sino en Colombia. Las FARC, si cometieron el atentado, seguirán justificando con sus actos la política de mano dura y medidas excepcionales del actual Gobierno. Este atentado da la razón también a los que aseguran que la política de seguridad de Uribe no ha dado ningún resultado.

"Es hora de meter goles", dijo a comienzos de año Uribe. Tras sólo seis meses en el poder, las encuestas mostraban un descenso de su popularidad de 74 a 66%.

Hay razones claras para que la ilusión inflada por un presidente que "trabaja, trabaja y trabaja", en contraste con el dejar pasar los problemas de los últimos mandatarios, empiece a generar un asomo de frustración. El año empezó con una cascada de impuestos que golpea hasta a los más pobres. La promesa de acabar con la politiquería y revocar el Congreso, que le dio muchos votos, se diluyó en un referéndum de 18 preguntas, enfocado más a un ajuste fiscal que a poner fin a los vicios y marrullerías que han llevado al país al caos.

Para el senador independiente Carlos Gaviria, una de las pocas voces críticas, no se ven resultados en ninguno de los frentes. Las medidas de conmoción interior que ha vivido el país casi todos estos 180 días no han bajado la intensidad del conflicto. Algunas promesas, como la transparencia en la relación con el Congreso, no se han cumplido.

El manejo de la economía es un punto crítico. El prestigioso analista Luis Jorge Garay asegura que, una vez más, se aprobó una reforma fiscal coyuntural que no desmonta las exenciones y privilegios. El sistema impositivo es tan alto, con un IVA para el 70% de los productos de la cesta de la compra, en un país con 26 millones de pobres, que pone en duda la reactivación económica.

El paro sigue disparado y la reforma laboral, vigente a partir de abril, con una reducción de las cargas salariales para los empresarios, no es igual de clara en su objetivo de frenar el desempleo y absorber el enorme subempleo.

La seguridad democrática, política central del Gobierno, no ha dado resultados. "La política de seguridad va a requerir muchos años", se defiende Uribe, y pide a los colombianos paciencia. Lo tangible son los allanamientos y detenciones para romper las redes de apoyo de la guerrilla, las miles de hectáreas de coca y amapola fumigadas y la llegada de marines norteamericanos para entrenar a la tropa para vigilar un oleoducto. Los colombianos, en términos generales, se sienten más seguros. "Tenemos presidente", ha sido la frase más repetida en estos meses y la base para romper el cerco del miedo que impedía viajar por carretera y hacer turismo.

La paz, entretanto, se ve cada vez más lejana con los grupos guerrilleros y más cercana con los paramilitares. Este último proceso, que da ya sus primeros pasos con una comisión exploratoria, despierta polémica. Se teme que termine en desmovilización, reinserción e impunidad. "Se debe revelar el grado de responsabilidad estatal y esclarecer crímenes atroces", piden los analistas. El último informe de la organización humanitaria Human Rights Watch reconoce un distanciamiento entre las fuerzas militares y estos grupos de extrema derecha, autores de todo tipo de barbaridades.

Está por ver el resultado de medidas que aplauden hasta sus escasos críticos: la meritocracia que permite llegar a la Administración pública sin necesidad de influencias, la extinción de dominio de las tierras en manos de narcotraficantes para entregarlas a campesinos y desplazados y las nuevas normas que harán transparente la contratación pública.

En los próximos seis meses, Álvaro Uribe se juega su prestigio. El resultado del referéndum, que se celebrará a mediados de año, el rumbo del proceso de paz con los paramilitares y el manejo económico y social determinarán si continúa la luna de miel de un presidente que engolosina con un estilo de gobierno que lo lleva a vivir en permanente viaje por el país, o si por el contrario cae en picado su popularidad.