Nueva Ley del Suelo

El Parlamento de Andalucía aprobó la nueva Ley del Suelo que regirá en los próximos no sabemos cuántos años en Andalucía. El texto definitivo, como ya se perfilara en los borradores, sigue restringiendo la participación pública durante el proceso de redacción de los planes urbanísticos a la clásica fórmula de alegaciones tras la aprobación inicial, habida cuenta de la indeterminación con la que trata los "avances". Esto es, la participación continúa viéndose desde la perspectiva estrictamente administrativista, enfocada a permitir alegaciones de quienes se sientan vulnerados en cualquiera de sus derechos por las previsiones del planeamiento en cuestión. Esta posibilidad de presentar alegaciones es un paso necesario, pero insuficiente para una auténtica participación. La ley desoye la reivindicación de numerosos colectivos que venimos pidiendo que esta participación no sea un mero plebiscito sobre fórmulas ya diseñadas en la opacidad de los gabinetes técnicos y los despachos, sino que se convierta en una vía para integrar a la ciudadanía en la detección y análisis de las problemáticas de la ciudad, así como de las prioridades que se les da y, finalmente, en el diseño de sus soluciones. Existen modelos bastante más alentadores de participación ciudadana en procesos de planificación y decisión, como es el caso de la redacción de las agendas XXI locales, pero la Junta de Andalucía ha preferido ignorarlas, apostando porque quienes gobiernan las instituciones no repartan el poder político en estas cuestiones con la ciudadanía. Sin embargo, cuando el mismo departamento, que ha hecho caso omiso a esta demanda de participación, tuvo que posicionarse ante el Ayuntamiento de Sevilla para frenar la pretendida recalificación de Tablada mediante un convenio urbanístico o Puerta Triana, recuerdo que no dudó en sacar el debate a la calle, firmando una directora general de la Consejería de Obras Públicas como simple catedrática de Geografía. Fue tal la respuesta social que encontraron sus planteamientos (que para ser justos ya venía defendiendo el grupo municipal de IU, pero con menos eco), que el Ayuntamiento no tuvo más remedio que abrir la caja de Pandora de un nuevo Plan General.

El descaro con que, llegado el momento, se dan golpes de timón en las previsiones de un PGOU por cualquier ayuntamiento demuestra que, veintitantos años después de las primeras elecciones municipales posfranquistas, el concepto de democracia local ha sufrido un proceso de erosión producido principalmente por el confinamiento de ésta a las convocatorias electorales cuatrianuales. Y esta actitud se muestra inmutable a pesar del descrédito en que incurre la clase política por acciones de este tipo, claramente en contra del bienestar común y a favor del de unos pocos privilegiados.

Sin embargo, este estado de cosas no es inamovible, no se trata de la única realidad posible que debamos acatar, sin capacidad alguna para cambiarla. La historia nos enseña que a lo largo de sus 25 siglos de existencia, la democracia siempre ha estado acosada por quienes han sustentado sus privilegios en el sometimiento de los demás a su voluntad; pero también que sólo reivindicando y defendiendo nuestros derechos individuales y colectivos seremos capaces de avanzar en el ideal de que las instituciones públicas sean emanación de la sociedad, para solventar sus problemas y conseguir sus ideales.

La democracia nació como forma de gobierno de la ciudad, por eso el ámbito local sigue siendo la principal escuela para la participación en la cosa pública y la planificación de la ciudad que queremos es un ámbito privilegiado para ejercitarla. Lástima que de nuevo las leyes defrauden estas expectativas.