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El PSOE cifra en 400 millones el coste de la Ley de Calidad en sus autonomías

El gasto por alumno ronda los 160 euros anuales, según los consejeros

La aplicación de la Ley de Calidad (LOCE) en las seis comunidades gobernadas por el PSOE -Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha y Extremadura- alcanzará los 400 millones de euros anuales, según el cálculo realizado por los consejeros socialistas de Educación, que cifran en unos 160 euros la media del gasto por alumno cada año. Casi la mitad de estos 400 millones de euros anuales corresponderá a la aplicación de la reforma educativa en Andalucía.

La consejera andaluza de Educación, Cándida Martínez, explicó ayer que el cálculo del coste anual de la aplicación de la LOCE en las comunidades socialistas se ha hecho siguiendo una "metodología rigurosa a partir de 25 indicadores, como el gasto en personal o el número de unidades (aulas) existentes en cada comunidad, entre otros. Martínez utilizó estas cifras para reprochar a la ministra de Educación, Pilar del Castillo, que no haya presentado aún un plan de financiación para aplicar la Ley de Calidad, hecho que calificó de "absolutamente sorprendente" al estar la norma en vigor desde el pasado 13 de enero. "El Gobierno del PP es el que ha impulsado esta ley y, por tanto, tiene que ser el que asuma el elevado coste que va a suponer su aplicación a nivel nacional", afirmó la consejera andaluza.

Pasar la factura

La secretaria federal de Educación del PSOE, Carme Chacón, criticó que Del Castillo asegure que su reforma persigue la mejora de la calidad de la enseñanza sin haber presupuestado para su aplicación "ni un solo euro, ni para este año ni para el que viene". Chacón acusó a la ministra de Educación de haber impuesto la Ley de Calidad sin contar con las comunidades y de acordarse de éstas "sólo a la hora de pasarles la factura".

Consideró ineludible que la ministra convoque de inmediato la Conferencia Sectorial de Educación -órgano donde están representadas todas las comunidades- "para que explique cuál es su compromiso presupuestario".

Como ejemplo de la reticencia de la titular de Educación a dialogar con la oposición, Chacón recordó que en la última reunión de este órgano, en mayo pasado, la ministra expuso las líneas generales de la LOCE y aseguró que no había novedades sobre su contenido, "pero al día siguiente se anunció que se recuperaba la reválida", recordó.

El PP, por boca de la secretaria de Educación, Sandra Moneo, respondió ayer mismo a las críticas de los gobiernos socialistas, a quienes acusó de estar calculando el coste que supondrá la aplicación de la LOCE cuando las comunidades que gobiernan "son las que menos invierten en educación". En concreto, señaló a Andalucía.

Moneo insistió en que es competencia del Consejo de Política Fiscal y Financiera determinar el coste de la aplicación de la Ley de Calidad y aseguró que ésta tendrá la financiación que necesite. Asimismo, se refirió a la intención de los gobiernos socialistas de recurrir al menos 15 artículos de la Ley de Calidad ante el Tribunal Constitucional, medida que calificó de "pataleta" por su "falta de alternativa" en materia de educación.

Por otro lado, el secretario general de Enseñanza de CC OO, Fernando Lezcano, respaldó ayer en Sevilla el anuncio de los gobiernos autonómicos socialistas de recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de Calidad. "Nos sentimos reconocidos en esta propuesta", dijo Lezcano, quien emplazó a los socialistas a que, cuando gobiernen, "sean el espejo de un modelo educativo de calidad con medidas distintas a las aprobadas por el Gobierno del Partido Popular".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 31 de enero de 2003