Cuiña encarga un informe jurídico para acreditar que sus negocios son legales

Xosé Cuiña, el destituido consejero de Política Territorial de la Xunta y aspirante a suceder a Manuel Fraga, se adelantó ayer a la investigación que ha solicitado al parlamento gallego sobre los negocios de su familia y presentó un informe encargado a tres profesores universitarios que certifica la legalidad de las operaciones de sus empresas. El dictamen ha sido emitido por los catedráticos de Derecho Administrativo Alfredo Gallego Anabitarte y Ángel Menéndez Rexach y por el profesor titular de la misma especialidad Francisco Javier Jiménez de Cisneros. El informe se ciñe a la venta por una empresa de Cuiña de botas y palas para la lucha contra el fuel en la costa gallega, hecho que desencadenó su dimisión hace 10 días.

No es la primera vez que Cuiña recurre a informes de juristas públicos y privados para demostrar la legalidad de los negocios del grupo Aurela, SL, del que es accionista con su madre y sus dos hermanos. El grupo ha vendido materiales de construcción para numerosas obras contratadas por las Administraciones. En 1995, Cuiña se autodenunció ante el fiscal superior de Galicia, Ramón García-Malvar, que ahora instruye la denuncia por estafa contra Nunca Máis presentada por un grupo ultraderechista. El fiscal concluyó que no había nada "legal ni éticamente reprobable".

Un redactor del informe presentado ayer, Jiménez de Cisneros, también se refirió a la conducta "profundamente ética" de los Cuiña. El dictamen concluye "con rotundidad" que Gallega de Suministros Industriales, del grupo Aurela, se limitó a ceder, a precio de coste, material por 41.419,92 euros a otra firma que suministraba aperos para limpieza de playas. La operación, según el informe, dentro de la "absoluta legalidad", no vulnera las normas de incompatibilidades de cargos públicos.