El Gobierno de Pujol endurece la aplicación de la ley del uso del catalán

El Gobierno catalán anunció ayer la aprobación de diversos reglamentos para endurecer la aplicación de la Ley de Política Lingüística, que regula el uso público del catalán en distintos ámbitos. Entre otras medidas, el Ejecutivo de Convergència i Unió (CiU) prevé incrementar las inspecciones en los establecimientos públicos y aplicar por primera vez el régimen de sanciones ya previsto en la ley de 1998. La Generalitat asimismo retirará las subvenciones a las empresas o instituciones que vulneren la norma y los ayuntamientos exigirán su cumplimiento previo para la concesión de licencias de apertura.

La Ley de Política Lingüística establecía un periodo de adaptación de cinco años, que finaliza este mes. Por este motivo, el conseller en cap, Artur Mas, anunció ayer que el Gobierno aprobará dentro de 15 días diferentes reglamentos que desarrollarán la ley, los cuales, según sus propias palabras, irán "en la línea de apretar un poco las tuercas". Es decir, el Ejecutivo pretende endurecer su aplicación, pero sin modificar un ápice el articulado, con lo que se ahorrará su ratificación por el Parlament.

Mas tan sólo adelantó ayer, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, algunas de las medidas más severas, aunque se apresuró a precisar que el objetivo del Gobierno es mantener su política de "promoción y pedagogía" para extender el uso del catalán, sobre todo entre el colectivo inmigrante.

Si hasta el momento el Gobierno ha mantenido una actitud tolerante respecto a la vulneración de la ley, Artur Mas señaló que a partir de ahora se incrementarán las inspecciones e, indirectamente, también se refirió a la imposición de sanciones. "Una ley está coja si no va acompañada de un régimen de sanciones. Entendemos que lo que tenemos que hacer es un esfuerzo de promoción y pedagogía. Pero ya llevamos cinco años. Tenemos que incrementar el régimen de inspecciones a los establecimientos abiertos al público".

El Gobierno catalán podrá retirar o denegar subvenciones públicas a las empresas, asociaciones e instituciones que vulneren la Ley de Política Lingüística, según adelantó ayer Artur Mas. Asimismo, el Ejecutivo obligará a los ayuntamientos a imponer como requisito para la concesión de licencias de apertura de establecimientos el cumplimiento de la ley. Por ejemplo, la rotulación del local en catalán, la existencia en un restaurante de cartas en esta lengua o la obligatoriedad de disponer de personal que pueda atender en los dos idiomas oficiales en Cataluña.

Asimismo, la Generalitat aprobará otro paquete de medidas para incentivar la utilización del catalán en los ámbitos de las nuevas tecnologías y fomentar el aprendizaje entre el colectivo inmigrante. "Hemos avanzado, pero no lo suficiente", manifestó el conseller en cap.

Las dos asociaciones de comerciantes de Cataluña acogieron favorablemente las medidas gubernamentales, aunque con ciertos matices. Miguel Angel Fraile, secretario de la Confederación del Comercio de Cataluña, calificó de "acertada" la iniciativa, al igual que Esteve Cantería, de la Associació de Botiguers i Comerciants. Sin embargo, Cantería reclamó a la Generalitat que estos decretos vayan acompañados de otras medidas como por ejemplo cursos acelerados para el aprendizaje del catalán. "No tenemos que renunciar a un buen trabajor porque no sepa hablar catalán", manifestó Cantería.

El Consell Executiu de ayer tomó, entre otros, los siguientes acuerdos:

- Hospital Militar. El Instituto Catalán de la Salud invertirá 26,6 millones de euros en la compra del antiguo Hospital Militar de Barcelona para ubicar el parque sanitario más grande de Cataluña. El centro, que se denominará Pere Virgili, ocupa 79.873 metros cuadrados. El hospital contará con 550 camas de media y larga estancia, 120 de salud mental, asi como con un centro de asistencia, investigación y asesoramiento sobre el Alzheimer. Asimismo, el Ejecutivo ha aprobado una oferta de empleo público parcial de 55 plazas de personal sanitario para el Programa de Atención Domiciliaria de enfermos crónicos con dependencia, terminales y personas mayores.

- Acuicultura. El Gobierno catalán aprobó un mapa de emplazamientos de instalaciones de acuicultura de Cataluña que pretende garantizar de forma ordenada el desarrollo de esta actividad, concentrada en el delta del Ebro, en el litoral, junto con la diversidad medioambiental. En Cataluña existen unas 24 piscifactorías, sobre todo de dorada y lubina, y siete polígonos dedicados al cultivo de moluscos.

- Isla de Blanes. La Generalitat ha concendido un crédito de 30 millones de euros para la construcción del proyecto urbanístico de la Isla de Blanes, que promueve el Ayuntamiento de este municipio y diseña el arquitecto japonés Arata Isozaqui. El proyecto ocupará 80.000 metros cuadrados en pleno frente marítimo y contará con una plaza, jardines, restaurantes, tiendas, un auditorio con capacidad para 500 personas, un hotel de 250 habitaciones y un espacio de ocio para actividades al aire libre desde el que se divulgará la cultura mediterránea.