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Osakidetza hizo en 2000 compras irregulares por 55 millones de euros

El Tribunal de Cuentas vuelve a criticar que se fraccionen partidas

El Servicio Vasco de Salud-Osakidetza realizó compras irregulares de medicamentos y material por valor de 55 millones de euros a lo largo del año 2000, según el último informe de fiscalización realizado por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Osakidetza volvió a incurrir en una práctica que el Tribunal ya criticó en otros informes anteriores: la de fraccionar las partidas para eludir el concurso público.

El organismo auditor reconoce que Osakidetza cumplió "razonablemente" la normativa que regula la actividad económico-financiera, excepto en la compra de medicamentos y bienes corrientes (material de oficina, vestuario, lencería). El informe advierte de que de los 73,3 millones de euros invertidos en fármacos, Osakidetza gastó 30 al margen de los procedimientos establecidos en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La fórmula que utilizan los hospitales es adquirir los fármacos de manera individual, de manera que cada uno de ellos puede negociar descuentos que después no se documentan. Por ello, el Tribunal defiende la compra centralizada de las medicinas vía concurso, lo que facilitaría precios más uniformes para todos los centros hospitalarios.

En su defensa, Osakidetza alega que no son 30 los millones de euros gastados al margen de la Ley de Contratos, sino 12,4. El director de la división económico-financiera de Osakidetza, Jon Etxeberria, explicó a EL PAÍS que el informe correspondiente al año 2000 no guarda relación con lo que ocurre en la actualidad. "En estos momentos", señala Etxeberria, "el 90% de los medicamentos se compran a través de un concurso público". Según el director económico, el sector farmacéutico resulta muy complejo, con la continua irrupción de medicamentos nuevos y la presión de las grandes multinacionales, lo que complica realizar una compra de manera uniforme.

Por otra parte, el informe censura que Osakidetza invirtiese 25 millones de euros en la compra de bienes corrientes eludiendo los principios de publicidad y concurrencia. Al igual que con los medicamentos, en este caso vuelve a llover sobre mojado, ya que el Tribunal ya criticó estas anomalías en sus informes correspondientes a los ejercicios 1997, 1998 y 1999. La ley se incumple por el fraccionamiento de las compras, es decir, dividir en pequeñas partidas un producto "homogéneo". De esta forma, los presupuestos resultantes quedan por debajo del límite legal a partir del cual es obligatoria la celebración de un concurso público.

Según Osakidetza, el método seguido por el Tribunal para concluir que 25 millones de euros se han gastado sin expedientes de contratación es "excesivamente riguroso". Entre otras razones, el Servicio Vasco de Salud asegura que el organismo fiscalizador utiliza unos criterios de homogeneización de artículos que al no ser explicitados en su informe, dificulta la realización de alegaciones. Además, recalca que el porcentaje de incumplimiento sobre el total de compras de bienes corrientes es de un 10,6%.

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El informe también resalta negativamente que Osakidetza no disponga de una clasificación funcional de los puestos de trabajo, que incluya aspectos como el perfil o las características de cada plaza. Esta falta motiva, según el Tribunal, "incertidumbre sobre la legalidad de determinados actos de gestión de personal".

El Metro, sin salvedades

El Tribunal Vasco de Cuentas difundió también ayer otro informe sobre la contratación de las obras de la Línea 2 del metro y la liquidación de los costes de la Línea 1. A diferencia de la mayoría de los informes que realiza el órgano fiscalizador, en esta ocasión no efectúa salvedad alguna que cuestione aspectos fundamentales del cumplimiento de la legalidad en la contratación de las obras del metro entre los años 1998 y 2000.Los trabajos de construcción del suburbano, incluyendo sus dos líneas, supondrán una inversión total de 1.434 millones de euros. El Plan Financiero previsto para sufragar las obras, que se prolongará hasta 2026, prevé un coste total de 4.252 millones, según los datos que incluye el informe.

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