Vivienda a debate

La evolución del mercado de la vivienda en España sigue mostrando los perfiles más inquietantes de la especulación y el deterioro social. En tan sólo un año la escalada de precios ha elevado en más de tres puntos porcentuales el esfuerzo financiero de las familias, que ya se ven obligadas a destinar uno de cada dos euros de sus salarios al pago de las hipotecas. En cuatro años el precio de la vivienda ha subido más del 60%, debido a factores tan dispares como la incapacidad oficial para articular políticas que eviten la especulación del suelo, la oportunidad de invertir en valores inmobiliarios después de las pérdidas de la Bolsa, la irresistible presión del dinero negro en busca de refugios seguros y el crecimiento de los costes de construcción. Para tratarse de un bien básico, la vivienda en España se ha convertido en un producto inaccesible para amplias capas de población, singularmente para los jóvenes que llegan a un incierto mercado laboral.

El Ministerio de Fomento, responsable del ramo, se ha esforzado en resaltar las consecuencias macroeconómicas favorables de la explosión de precios. Es evidente que el crecimiento de la economía española se ha apoyado en la construcción -vivienda y obra civil- en ausencia de otras actividades de inversión más sólidas; y también está claro que la pérdida de riqueza de los consumidores ocasionada por el desplome de la renta variable ha sido compensada en parte por la llamada burbuja inmobiliaria. El problema es que el daño social que está produciendo la carestía excesiva de las viviendas, incluso de las más modestas, es muy superior a los supuestos beneficios inducidos por la inversión en ladrillo.

Ha llegado, pues, el momento de que, una vez comprobada la ineficacia de la política oficial para moderar el encarecimiento de la vivienda, se promueva un debate público sobre las políticas más adecuadas para evitar la especulación. Debería empezar por la elaboración de un Libro Blanco que defina el origen y las consecuencias de la burbuja inmobiliaria y sugiera los instrumentos políticos y técnicos necesarios para corregirla. Corresponde al Gobierno promoverlo, con la ayuda de otros partidos y fuerzas sociales.