El Gobierno moviliza a los reservistas

El nombramiento por el último Consejo de Ministros de Rodolfo Martín Villa como comisionado del Gobierno -con rango de secretario de Estado- para las actuaciones relacionadas con el naufragio del Prestige tal vez responda a una llamada de auxilio del vicepresidente Rajoy, cansado de soportar durante semanas las protestas de la oposición parlamentria y de la opinión pública por las tardías, insuficientes y descoordinadas medidas de las Administraciones central y autonómica -gobernadas ambas por el PP- frente a la catástrofe. Aunque esa sacrificada instalación en la hoguera mediática haya aumentado la visibilidad de Rajoy, profusamente elogiado por haber aguantado -como Gary Cooper- solo ante el peligro ese desafío, una excesiva asociación de su figura con el chapapapote habría debilitado sus posibilidades en ese concurso de méritos para la sucesión presidencial cuyas reglas, puntuaciones y calendario únicamente Aznar conoce.

Pero la misión encargada a Martín Villa significa algo más que el caritativo gesto de encontrarle un Cirineo al achicharrado Rajoy. La movilización del veterano reservista no se debe a que el PP ande escaso de tropas auxiliares sino al deseo de aprovechar en beneficio propio la buena imagen atribuida al historial político del candidato. Ese activo intangible preside el título -Al servicio del Estado (Planeta, 1984)- de las memorias de Martín Villa, abstracción hecha de que las autopostuladas motivaciones del autor como profesional del poder teóricamente guiado sólo por el interés general sea más una sublimada percepción subjetiva que una realidad contrastable en los hechos. Jefe nacional del SEU, secretario general de los Sindicatos Verticales y gobernador civil bajo la dictadura, Martín Villa se alineó con el sector reformista del franquismo y fue durante la transición ministro de Arias Navarro, primero, y de Suárez y Calvo-Sotelo, después. Diputado del PP en 1989, Aznar le premiaría en 1996 con la presidencia de una gran empresa pública luego privatizada.

En consonancia con ese pregonado espíritu al servicio del Estado, Martín Villa ha declarado a la prensa que habría aceptado el encargo aunque no hubiese sido Aznar sino Felipe González el presidente del Gobierno transmisor de la propuesta. Esa hipótesis histórica contrafactual -un hecho que pudo ocurrir aunque no sucediera- contiene una curiosa moraleja política: Martín Villa considera imaginable durante la época socialista algo simplemente inconcebible bajo el PP: el nombramiento de un veterano opositor -que continuaría siéndolo de verdad- como secretario de Estado para gestionar una crisis desastrosamente manejada por el Ejecutivo. Porque la catástrofe del Prestige ha potenciado el sectarismo, la estrechez y la mezquindad del PP: Martín Villa bien podría ser el testigo falso de un libreto escrito por Aznar desde las antípodas del sentido de Estado y del espíritu de la transición.

El boicoteo del Gobierno a la comisión de investigación del Parlamento gallego sobre el naufragio del Prestige (aprobada por unanimidad en un momento de desfallecimiento de la mala voluntad del PP) forma parte de esa estrategia partidista La orden de incomparecencia dada por el Ejecutivo a los altos cargos de la Administración central citados a declarar ha privado de utilidad a la comisión; el argumento técnico-jurídico según el cual las Cámaras autonómicas carecen de competencias sobre cuestiones y autoridades situadas fuera de su ámbito territorial suena a mero pretexto. El Gobierno podría levantar cuando quisiera el veto del Congreso de los Diputados a la comisión de investigación, una prohibición incongruente con la previa aceptación de la misma iniciativa por el Parlamento gallego; si Martín Villa quisiera dar verosimilitud a su leyenda de político al servicio del Estado, su primera actuación como comisionado debería ser pedir la remoción del inaceptable veto obstruccionista del PP, reo de un delito político de estafa por el incumplimiento de su compromiso electoral de 1996 según el cual la creación de las comisiones de investigación no dependería de "la voluntad exclusiva de la mayoría gubernamental"