Estrictamente penal

La segunda entrega del Gobierno de medidas en materia de seguridad, tras las propuestas de endurecimiento penal en la lucha antiterrorista, define una nueva regulación de la prisión provisional contra la delincuencia menor, la reincidencia y la violencia doméstica. Si la seguridad ciudadana se ha convertido en una preocupación prioritaria de los ciudadanos es porque al Gobierno se le ha escapado su control. En 2001 hubo un espectacular aumento del 10,5% de los delitos, y en 2002, del 5,5%. Fue el PSOE el primero en dar la alarma. El PP, lento de reflejos con su mayoría absoluta, tardó en reaccionar. En septiembre pasado presentó un costoso e inconcreto plan de lucha contra la delincuencia. Ahora, acuciado por la necesidad de apartar el desastre del Prestige de la vista de los españoles y estimulado por la actuación del superministro francés Nicolas Sarkozy, el Gobierno ha encadenado una serie de reformas legislativas que, en la lucha contra la delincuencia, pone el énfasis en la cuestión penal, acercándose al modelo de EE UU de más cárcel en lugar de más política social.

La seguridad se ha dualizado. Los ciudadanos con recursos pagan para su protección a la vigilancia privada, que ha crecido espectacularmente ante la pasividad del Estado. Y las clases medias y populares se sienten cada vez más desamparadas por un Estado que no garantiza de modo satisfactorio su seguridad. La izquierda ha entendido que éste es un problema que afecta directamente a buena parte de su electorado. La derecha -que siempre se ha creído propietaria en exclusiva de la seguridad- ha reaccionado con el mensaje de que nadie le gana en dureza.

Hay casos de reincidencia que, sin duda, deberían encontrar una respuesta efectiva de la justicia. Pero este problema no se resuelve generalizando la prisión preventiva, sino gastando el dinero necesario para que los juicios rápidos sean una realidad y no un mero eslogan propagandístico. La prisión preventiva debe ser una medida excepcional: prima el derecho constitucional a la presunción de inocencia. Sólo en circunstancias justificadas (por la extrema gravedad del delito o por los altos riesgos concurrentes) puede entenderse que una persona pase un largo tiempo en prisión sin haber sido juzgada y condenada. Con esta reforma que pretende el Gobierno se desdibuja la jerarquía de los delitos.

Sin que haya demostrado su eficacia disuasoria, una política de seguridad centrada en lo penal siempre llega tarde, cuando el delito ya se ha cometido. La seguridad requiere una acción preventiva eficaz, lo que tiene mucho que ver con políticas sociales, y, en sus aspectos más inmediatos, pasa por una mayor presencia de la policía como modo más directo de evitar determinadas acciones delictivas.

En su lógica, el Gobierno se ha planteado la creación de nuevas cárceles. Aznar dijo que "iba a barrer las calles", y en algún sitio deberá guardar a los barridos. No parece que sea motivo para vanagloriarse batir todas las marcas de población penitenciaria de la democracia y pugnar por convertirse en el país europeo con mayor número de reclusos; más bien es la certificación de un fracaso múltiple en materia de seguridad y políticas sociales, incluida la de inmigración, y confirma la opción del PP por el Estado penal mucho más que por el Estado social.

Javier Arenas explicó recientemente que la idea de la justicia que tiene el Gobierno del PP coincide con aquello que "es entendido por la mayoría". Pero esta vía populista se halla más cerca de la justicia como venganza colectiva que de la justicia como reparación.