Una juez de Valencia archiva el caso de las muertes de pacientes sometidos a diálisis

La juez que investigaba la responsabilidad de Baxter en la muerte en agosto de 2001 de seis pacientes sometidos a diálisis en Valencia ha cerrado el caso. La decisión obedece a una petición del fiscal, única parte que seguía personada después de que los familiares de los fallecidos llegaran a un acuerdo económico con la multinacional. Al margen del archivo y de otro proceso abierto en Madrid, el Ministerio de Sanidad no ha abandonado su intención de actuar contra la firma en EE UU por la muerte de los enfermos en Valencia, cuatro en Madrid y otro en Barcelona.

La muerte de seis pacientes que se sometieron a sesiones de hemodiálisis en la clínica Virgen del Consuelo de Valencia con dializadores -el cilindro desechable donde se produce la limpieza de sangre en la diálisis- defectuosos de la empresa Baxter no son hechos "constitutivos de infracción penal, no existe una imprudencia relevante a efectos penales". Así lo comunicó la fiscal a la juez y ésta, con fecha 27 de diciembre, dictó un auto por el que queda sobreseído el caso.

La juez da carpetazo así a un procedimiento abierto a instancias de los familiares de los seis fallecidos en Valencia y la asociación de enfermos renales Alcer. La Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana agotó todas las posibilidades para acompañar las dos acusaciones, pero la juez siempre consideró improcedente esta petición porque la Administración autonómica podía ser responsable civil subsidiaria de lo ocurrido, lo que le impedía actuar como damnificada.

La opinión del fiscal ha sido determinante para que la juez optase por el archivo. La acusación pública era la única parte que seguía personada. Los primeros en abandonar fueron los familiares de las víctimas. El 28 de noviembre de 2001, tres semanas después de aceptar su culpa, la multinacional anunció que había llegado a un pacto con las familias de los seis fallecidos en Valencia y los cuatro del hospital de la Princesa de Madrid -no localizaron a los de la víctima del hospital Clínic de Barcelona- e indemnizó a cada familia con 330.000 euros. Poco después se retiró también Alcer.

Los familiares de los fallecidos en Madrid siguieron los pasos de los de Valencia y acudieron a los tribunales. También se retiraron tras el acuerdo, y el archivo se produjo poco después de que lo pidiera el fiscal, a principios del año pasado.

Proceso abierto

Con los sobreseimientos de Madrid y Valencia, sólo queda abierto un contencioso contra Baxter en España. Se trata de la interpelación de la Asociación Defensor del Paciente para que actúe la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. "Que nosotros sepamos, este procedimiento no se ha archivado y sigue abierto", afirmó ayer la presidenta de la asociación, Carmen Flores.

La asociación no representa a ninguno de los afectados, ya que "o bien ya tenían representación legal cuando les preguntamos, o habían aceptado la indemnización que les ofreció la compañía", explicó Flores, quien insistió en que pensaba "llegar hasta el final" porque estaba convencida de que había responsabilidades penales en el caso, informa Emilio de Benito.

Queda por saber el resultado de las acciones que anunció el Ministerio de Sanidad en EE UU. Los servicios jurídicos se decantan por un requerimiento extrajudicial, "que es el paso previo antes de plantear una querella o llegar a un acuerdo", según un portavoz del departamento. Sanidad estudia el caso desde noviembre de 2001, cuando la ex ministra Celia Villalobos anunció su intención de reclamar 300 millones de euros a la compañía por "incumplimiento de contrato" y poner en duda "la credibilidad del sistema sanitario".

La fiscal del juzgado de Valencia argumenta que no hay razón de investigar las causas de los fallecimientos porque "son las que en su día Baxter reconoció en su informe y que determinó que se hiciera cargo de las responsabilidades civiles, asumiendo las mismas con celeridad y rapidez". A lo que agrega que se investigó a las personas que tenían responsabilidad directa -se imputó hasta ocho directivos de Baxter-, y a los responsables del servicio de nefrología de la clínica, cuya actividad cumplía "la diligencia exigida".

A este argumento tiene previsto acogerse la clínica valenciana para presentar una demanda destinada a obtener una indemnización. Según fuentes jurídicas, la clínica estuvo cerrada durante cinco meses y al reabrirse tuvo que asumir la renovación absoluta de las máquinas de diálisis, "al margen del daño sufrido en la imagen".