Ostras de Arcachon

los cultivadores de ostras de la localidad de Arcachon, en la costa atlántica francesa, afectada desde comienzos de año por la contaminación provocada por el hundimiento del Prestige, acordaron ayer personarse en las diligencias abiertas por el Gobierno de su país contra los responsables de esa catástrofe. Si de esa investigación resultasen responsabilidades del Gobierno español, plantearían una demanda civil por daños y perjuicios. Es un aviso de la maraña de reclamaciones de todo orden que se avecina.

De momento, las disponibilidades del fondo más tangible con el que hacer frente a los daños causados, el FIPOL (Fondo Internacional de Indemnizaciones por daños causados por Contaminación de Hidrocarburos), tendrán que repartirse entre damnificados españoles y franceses, y tal vez portugueses. Ese fondo, que agrupa a 74 países, dispone de 184 millones de euros anuales, aportados principalmente por las compañías petrolíferas. El domingo pasado, el ministro de medio ambiente, Jaume Matas, cifró en unos 133 millones de euros el coste de la limpieza de las costas de Galicia y el Cantábrico, y adelantó la intención del Gobierno de reclamar esa cantidad al FIPOL.

Pero lo mismo han dicho las autoridades francesas, que ya han comprometido con cargo a ese fondo un adelanto de 50 millones destinado a compensar los gastos en limpieza de playas asumidos por los municipios afectados. Pero se ignora cuánto tiempo durarán esos trabajos y, por tanto, su importe final. A ello se irán sumando las indemnizaciones a pescadores, empresas turísticas y otros sectores perjudicados. Es evidente que la cantidad disponible será insuficiente y, aunque a raíz de la catástrofe del Erika, en 1999, se aprobó aumentar el techo máximo hasta 270 millones, la subida sólo será efectiva para siniestros producidos a partir de noviembre de 2003.

En los casos del Exxon Valdez y del Erika, las petroleras propietarias de los buques y la carga (Exxon Movil y Elf, respectivamente) se hicieron cargo de indemnizaciones sin gran resistencia por razones de imagen comercial. En el caso del Prestige, buque liberiano con bandera de Bahamas contratado por un holding ruso, las posibilidades de reclamación se diluyen, y más después de que ese holding, de nombre Alfa y cuyo presidente es Mijael Fridman, haya realizado estos días una complicada operación de ingeniería financiera destinada a desligar formalmente del grupo a la empresa que contrató el transporte. Entre las medidas acordadas tras la catástrofe por la Comisión Europea figura la propuesta a los países miembros de incluir en sus legislaciones nacionales sanciones para todos los agentes marítimos (armadores, contratistas, aseguradoras) que puedan tener responsabilidades en la contaminación.

Los ostricultores de Arcachon han desistido de su intención primera de querellarse contra el Gobierno español por "ausencia de ayuda a buque en riesgo de naufragio". El encaje de esa figura en los hechos parece forzado, pero en el sumario del Erika hay tres funcionarios imputados por una acusación similar.