Subsidio agrario: ¿A quién creer?

Había muchas ilusiones puestas en el encuentro del ministro Zaplana con los secretarios generales de UGT y de CC OO para que éste anunciara la restitución del subsidio agrario.

Las ilusiones desaparecieron de inmediato. Al término de la reunión, José María Fidalgo y Cándido Méndez comunicaban que el Gobierno no daba marcha atrás y daban a conocer la convocatoria de nuevas movilizaciones, incluida una huelga general para el 20 de febrero en el medio rural andaluz y extremeño.

Pocas horas después, Manuel Chaves y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, tras hablar con el ministro, decían que la propuesta del ministerio era aceptable, con independencia del nombre que se le diera y que merecía la pena estudiarla. ¿Cómo es posible tal división de criterios ante la misma propuesta? ¿A quién creer?

Las expectativas que se habían generado eran injustificadas. El Gobierno del PP tomó una decisión política sobre el futuro subsidio agrario con el decretazo del 24 de mayo. Ese sistema creado por el PSOE ha venido siendo permanentemente una importantísima fuente de votos, a sendos gobiernos socialistas en las dos comunidades autónomas donde está implantado y en donde el PP y otras formaciones políticas fracasan electoralmente, una y otra vez.

A la reforma del subsidio agrario, que básicamente consistía en impedir la incorporación de nuevos beneficiarios, el Gobierno acompañó otras medidas de gran dureza que modificaban el reglamento de afiliación, altas y bajas en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, legalizando la expulsión de este régimen de las personas que no demostraran actividad agraria en diferentes periodos o casos. Asimismo, el Gobierno introdujo el desempleo contributivo para todo el colectivo jornalero, con independencia de su ámbito de residencia.

Desde la aparición del decreto hasta la aprobación de la Ley, el Gobierno ha aguantado con todo. Una huelga general, que en Andalucía y Extremadura fue respaldada por la inmensa mayoría de sus ciudadanos; cientos de acciones de protestas; algunas deserciones en sus propias filas de alcaldes y concejales; un fuerte deterioro de su imagen en las poblaciones rurales, que en las próximas elecciones municipales se verá hasta dónde llega...

El Gobierno ha introducido dos novedades respecto del decreto, en relación a los trabajadores eventuales agrarios.

Primera: elimina una medida que acabaría expulsando a cientos de beneficiarios del subsidio agrario. Ya no se le impedirá a nadie su acceso a este sistema por tener una sanción administrativa, como anteriormente contemplaba el decreto.

Segunda: se crea un programa que denominan Renta Activa de Inserción, al que podrán acogerse aquellos parados que no tengan derecho al subsidio agrario, siempre que cumplan con unas serie de condiciones similares a las establecidas para el subsidio.

¿Esto, beneficia o perjudica a los trabajadores del campo? En la medida que el sistema de protección aleja al colectivo jornalero del trabajo y de la tierra, los divide y los deja a expensas de un montón de requisitos absurdos, este sistema debe ser rechazado.

Es inmoral e injusto dejar sin nada a los trabajadores del campo cuando sin querer, se quedan sin empleo y, por tanto, es obligatorio cubrir esa situación con decencia. Pero la solución no pasa por dar una aportación económica en la forma que se viene haciendo. Llámese subsidio agrario, desempleo contributivo o programa de renta activa de inserción. La alternativa es el trabajo. Trabajo Social Rentable en sus múltiples formas, que el beneficiario estaría obligado a realizar a cambio de un salario digno para vivir.

Ahí es donde fallaron los gobiernos anteriores del PSOE y donde falla lamentablemente el Gobierno del PP.