El Estado pagará los 24 millones anuales que cuesta la policía navarra

El ministerio devolverá a la Hacienda foral los 15 millones de la tasa de hidrocarburos

El Estado sufragará íntegramente el coste anual de la Policía Foral navarra, cifrado en unos 24 millones de euros, según el acuerdo de actualización del Convenio Económico, que ayer recibió el visto bueno de los partidos de esa comunidad presentes en la comisión negociadora. Además de reconocer la contribución a la seguridad de la nación que la Policía Foral realiza a través de sus 600 agentes, la negociación se ha cerrado con "razonable optimismo" según el análisis de socialistas e Izquierda Unida y "sin avances" en palabras del portavoz nacionalista Fermín Ciáurriz.

Navarra había cuestionado el "agravio comparativo" que suponía para la comunidad foral la financiación de la Ertzaintza pactada por el Gobierno vasco con el central.

De las cinco reivindicaciones planteadas por la comunidad autónoma para la actualización quinquenal del pacto fiscal con el Estado, cuatro se han resuelto satisfactoriamente, pero una, la presencia ante la Unión Europea, ha quedado aparcada sin avance alguno.

El consejero de Economía y Hacienda, Francisco Iribarren, y el diputado popular y portavoz de UPN en la comisión negociadora, Jaime Ignacio del Burgo, consideraron "esencial" el mantenimiento del actual índice (1,6) como base de cálculo para establecer la aportación anual de Navarra a las arcas del Estado por los servicios no transferidos. Ese índice de "neutralidad financiera", en palabras de Iribarren, vinculado al peso económico regional, no se ha tocado y su aplicación para el periodo actualizado (2000-2004) arroja una cifra de 360,6 millones para el año 2000, aportación que crece anualmente en función del índice de impuestos recaudados. Las liquidaciones provisionales ya hechas se convertirán ahora en definitivas.

El texto del convenio, que ahora debe ser ratificado por el Parlamento foral y por las Cortes, recoge expresamente en su artículo segundo la capacidad plena de Navarra para establecer impuestos diferentes a los del Estado. Iribarren expresó su satisfacción por el reconocimiento que el Gobierno central ha hecho de la autonomía fiscal navarra, mientras que Del Burgo destacó el reconocimiento estatal de que la comunidad autónoma puede establecer los impuestos que estime oportunos, con independencia de que formen parte o no del sistema de armonización previsto en el Convenio.

El texto incorpora también la bilateralidad en la definición de los objetivos de estabilidad presupuestaria exigidos por la ley de Estabilidad en función de las directrices de la UE. A finales de noviembre, los técnicos del Ministerio de Hacienda presentaron una propuesta que provocó el rechazo frontal del Gobierno regionalista y de toda la oposición. Hacienda pretendía tutelar financieramente a los municipios navarros y aplicar a la Sanidad, con carácter finalista, el impuesto de hidrocarburos. Tras varios contactos de Iribarren y el presidente foral, Miguel Sanz, con el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, la propuesta fue retirada.

Presencia en Europa

El texto del acuerdo final conocido ayer reconoce la capacidad de Navarra para recaudar el nuevo impuesto de las gasolinas con carácter retroactivo desde su creación, hace un año. Por lo tanto, Hacienda devolverá a Navarra los 15 millones de euros recaudados hasta la fecha y acepta que esos fondos puedan destinarse a otros usos, que, según el secretario general del PSN-PSOE, Juan José Lizarbe, podrían estar vinculados al área sociosanitaria.

La tutela financiera de los municipios queda reservada al Gobierno foral, que pactará directamente con el estatal, al margen de los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera, los aspectos que afecten a la estabilidad económica de sus instituciones.

Gobierno y oposición calificaron de "asignatura pendiente" la presencia de Navarra ante las instituciones comunitarias. La comunidad autónoma quería tener una voz propia en Europa en el debate de cuestiones fiscales y financieras que afecten a su régimen foral, pero, como en el caso de Euskadi, el Ejecutivo central se ha negado en redondo a aceptarlo.

El socialista Lizarbe acusó al Gobierno de José María Aznar de no tener "ninguna voluntad" de regular esa presencia, ni siquiera en el caso de las comunidades con competencias fiscales específicas. El consejero Iribarren explicó que la fórmula propuesta por el Gobierno central para su plasmación en el Convenio era "claramente insuficiente".

Madrid proponía crear una comisión mixta que, con carácter previo, estudiase los aspectos que afectaran fiscalmente a Navarra para que la opinión autonómica fuera tenida en cuenta en la "formación de la voluntad del Estado", en palabras de Del Burgo. Ni siquiera UPN aceptó esa fórmula, al entender que Navarra, "como el resto de las comunidades autónomas, requiere una presencia más activa en la formación de la opinión estatal", dijo Del Burgo.

Juan Cruz Alli, de CDN, señaló que el acuerdo "potencia y profundiza en el ejercicio de las competencias navarras" y se felicitó por unos ajustes "que mantienen niveles competenciales frente a quienes no creen" en el régimen foral.

La voz discordante la pusieron EA-PNV y Batzarre -Batasuna no está presente en la comisión negociadora-. Fermín Ciáurriz, de la coalición nacionalista, criticó la postura "defensiva" adoptada por Navarra en la negociación. "En realidad no ha habido avances. No hay nuevas cotas de autogobierno y habrá que esperar a que lo plasmado se ejercite y no se vaya, como es costumbre, a remolque de las directrices del Estado en materia fiscal", subrayó.

De su lado, Milagros Rubio, de Batzarre, adelantó la abstención o rechazo de su grupo al proyecto de ley que será enviado a la Cámara foral. Batzarre calificó de "continuista y timorato" el acuerdo alcanzado y rechazó especialmente la contribución de Navarra a los gastos de la Casa Real y el Ministerio de Defensa.

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 04 de enero de 2003.

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