El Gobierno deberá justificar al juez la base técnica de todas sus órdenes sobre el 'Prestige'

El Gobierno deberá responder ante el juez y documentar, cuando sea posible, cada una de las decisiones que tomó en relación con el Prestige. No hay ninguna imputación hasta el momento a ninguna autoridad, pero sí una batería de preguntas que intenta diseccionar la verdad oficial: si la única alternativa viable era el alejamiento del buque y con qué criterios técnicos fue tomada. Por tanto, se pregunta si hubo informe sobre los daños del buque, sobre su eventual hundimiento, valoración de los riesgos de su alejamiento y las diversas alternativas, entre ellas, el atraque en A Coruña y el trasvase del fuel.

El Gobierno explicó que el mismo día del hundimiento del barco, 19 de noviembre de 2002, convocó a los expertos, pero dejó a oscuras si antes hubo informes escritos y qué técnicos aconsejaron su decisión más crucial: el alejamiento del barco en apuros. Dos de los técnicos que citó como asesores principales, el capitán marítimo, Ángel del Real, y el práctico mayor del puerto de A Coruña. Evaristo Landeira, pronto desdibujaron su papel en declaraciones a diversos medios de comunicación. El primero aclaró que sólo trasladó una orden de alejamiento dictada por sus superiores; el segundo alegó que nunca fue consultado oficialmente. Esto rebajaba el peso de los criterios técnicos en la decisión del Ejecutivo y erosionaba la coletilla final de la versión oficial: que fue una decisión política, pero basada en expertos. El juez de Corcubión encargado de investigar este caso, Javier Collazo, y la fiscal Beatriz Pacios no se conforman con esta versión oficial.

El juez, tras la petición que le hizo la fiscal, exige al gabinete de crisis (Gobierno), que aclare si "cuando se constituyó, hizo algún estudio de valoración y trascendencia de los daños y avería producida en el Prestige el mismo 13 de noviembre". También le pregunta "si hizo algún estudio técnico sobre la posibilidad de producirse el hundimiento del buque, dada la grieta que presentaba en el momento de los hechos, escoramiento del buque y deriva que llevaba el mismo".

El juez también ordena que el gabinete de crisis detalle "el estudio de riesgos que entrañaba alejar el buque Prestige de la costa (acompañándose informe técnico en caso de que exista)". El gabinete de crisis debe explicarle "el plan de actuación que se llevó a cabo para ir solventando el vertido del buque que se produjo en el impacto y las medidas que se adoptaron en ese momento para la recogida del fuel en ese día".

El juez tampoco se conforma con saber que las autoridades ordenaron dar remolque al buque en la tarde del día 13 de noviembre. Quiere saber "el estudio y asesoramiento" sobre dicha decisión y "el destino concreto que se pretendía dar al buque".

La versión oficial de Fomento sobre la imposibilidad de atracar al Prestige o trasvasar su carga tampoco es dogma de fe para juez y fiscal. Y reclaman al gabinete de crisis un informe sobre "los estudios técnicos llevados a cabo respecto: a la posibilidad o imposibilidad de conducir el buque a algún lugar de la costa (refinería o cualquier otro pantalán de A Coruña, ría de Muxía o cualquier otra ría); posibilidad de trasvasar el fuel del Prestige a otro buque, especificando si se contaba con algún buque que pudiera llevar a cabo la operación, dificultades técnicas que presentaba el trasvase de fuel y condiciones medioambientales y geográficas para ello". Amén de ello, se insta al Gobierno a que le comunique "otras posibilidades distintas del alejamiento del buque de la costa y del trasvase, si es que que existían". El juez no sólo impone al Gobierno la entrega de la orden dictada por escrito y dirigida al capitán de Smit Tak (rescatadora privada del buque) para alejar 120 millas al Prestige, sino un "informe sobre el acuerdo adoptado por el gabinete de crisis respecto a dicha orden, acompañando los documentos relativos al mismo, de existir". Y pide "los estudios realizados para tomar la decisión finalmente adoptada con indicación de la persona que contactaba periódicamente con los responsables de la empresa Smit Tak". A mayor abundamiento, el juzgado solicita "los estudios técnicos llevados a cabo para convenir con la empresa Smit Tak que el buque se alejara 120 millas con rumbo 320, con referencia a otras alternativas posibles a dicha distancia y rumbo y razones para desecharlas".

Por si cupiera alguna duda sobre la voluntad del juez de diseccionar las decisiones del Gobierno, exhorta a Fomento a que le remita todos los "informes, datos y antecedentes relativos al hundimiento del Prestige, incluyendo lo concerniente a las decisiones e incidencias respecto al proceso de alejamiento del barco de la costa española". Muchas de las requisitorias se toparán con la nada: no hubo papeles ni informes verbales, según testigos de tales decisiones.