La sombra del 'Prestige'

El Gobierno no sabe qué hacer para exorcizar la negra sombra del Prestige, pegada a él desde el fatídico instante del accidente y la precipitada decisión de conducir a alta mar el petrolero, hace mes y medio. Fracasadas las tácticas iniciales de desinformación y ocultamiento para minimizar la catástrofe ecológica que se avecinaba, bien secundada por los muchos medios de comunicación a su servicio, y siendo evidente su indolente y torpe reacción, intenta ahora tapar la crisis con iniciativas sobre el terrorismo -una táctica en la que se hizo experto en sus tiempos de oposición- y buscando eludir sus responsabilidades por el método de descargarlas sobre la oposición, especialmente el PSOE, al que acusa nada menos que de un comportamiento desleal e insolidario.

Las democracias modernas, incluso las más consolidadas, no son inmunes a la manipulación de sus reglas de funcionamiento, sobre todo si les falta suficiente rodaje democrático a sus responsables de turno. En un momento en que, de acuerdo con las reglas al uso, lo exigible sería que el Gobierno se someta a una investigación parlamentaria, no sólo se niega a ello, rehusando al Parlamento el ejercicio de una de sus funciones básicas, sino que se permite abrir un ridículo proceso político paralelo a la oposición. Es difícil encontrar una muestra más clara de cinismo político y una subversión más burda de las normas y equilibrios que garantizan el buen funcionamiento de los regímenes parlamentarios. Y en las que el presidente de la Xunta, Manuel Fraga, parece ser un maestro consumado, a juzgar por el concepto que le merece la oposición, a la que "no hay por qué darle instrumentos", como sería una comisión investigadora en el Congreso.

Aznar podrá convocar en plenas fiestas navideñas al comite ejecutivo del PP con el propósito de borrar la pésima imagen dejada por los ministos que se fueron de caza o de paseo en plena crisis del Prestige e intentar distraer al personal con reformas en materia de terrorismo que no ha consultado ni acordado con sus socios del Pacto Antiterrorista. Y sus ministros podrán seguir minimizando los efectos de la catástrofe, como el titular de Defensa o el de Medio Ambiente, o conteniendo apenas su satisfacción todos ellos porque las manchas de fuel se alejan hacia lugares lejanos, de acuerdo con los vientos.

Pero esas maniobras de distracción y visiones edulcoradas de la situación -en flagrante contradicción con la que viven los gallegos, que siguen reclamando medios para limpiar sus playas y proteger sus caladeros- no exoneran al Gobierno de su deber democrático de responder políticamente de su actuación y de aclarar una historia repleta de ocultaciones y de respuestas pendientes. Más alla de la imagen de ineficiencia, descoordinación y falta de medios ofrecida y de los intentos de desviar hacia terceros, llámense oposición, prensa no adicta o meteorología, cualquier responsabilidad en el desastre, lo que quedará de la actuación de este Gobierno en la crisis del Prestige será su resistencia numantina a rendir cuentas a los representantes de la soberanía popular.

Ni a Aznar ni a sus ministros más comprometidos se les ha ocurrido ni de lejos asumir ningún tipo de responsabilidad -a lo sumo, errores mínimos-, mientras que los diputados del PP se permiten exigir la dimisión de un diputado socialista y armarle la bronca por exhibir un documento amputado en un debate parlamentario. Es posible que el Prestige no sea la tumba del PP y del Gobierno, como dice Aznar que han pretendido algunos, pero su sombra quedará asociada a una forma de comportamiento político impresentable en una democracia.