PSOE e IU lanzan la última ofensiva para evitar que Cajasur escape de la tutela autonómica

Diputados, senadores y parlamentarios andaluces del PSOE e Izquierda Unida se reunieron ayer en la Diputación de Córdoba en una última ofensiva institucional para instar a la Asamblea General de Cajasur a que no apruebe hoy la reforma de estatutos que propone el Consejo de Administración de la entidad, y en la que los intereses de los ayuntamientos y Diputación se ven seriamente menoscabados. En la reunión se hizo un llamamiento al diálogo para evitar que Cajasur escape de la tutela autonómica y se defendió el papel de la Diputación como cofundadora de la entidad.

Los portavoces de PSOE e IU en el Parlamento andaluz, José Caballos y Antonio Romero, respectivamente, enumeraron las instituciones a las que se enfrenta el presidente de Cajasur, Miguel Castillejo, con la decisión de situarse bajo el paraguas del Ministerio de Economía: una "inmensa mayoría" de ayuntamientos de la provincia; Diputación; Junta de Andalucía; sindicatos y la Iglesia católica, puesto que el obispo de Córdoba, Javier Martínez, ha pedido que se paralice la reforma estatutaria y se abra un diálogo entre las instituciones.

El gran ausente fue el portavoz del Partido Andalucista, José Calvo Poyato, consejero general de Cajasur. Caballos dijo que habían intentado, sin éxito, localizarle, pero añadió que su posición de apoyo a las tesis de la Junta "está clara".

El portavoz socialista destacó que la cita de ayer era "para defender a las instituciones andaluzas" y al Estatuto de Autonomía, que "tiene tanto valor como la Constitución". Según Caballos, lo que está ocurriendo con Cajasur "convierte a Córdoba en un zoco donde todo se compra y se vende" y saca adelante "privilegios feudales, como la superprima de Castillejo y sus hermanas", que le ha supuesto a Cajasur un desembolso de 2,9 millones de euros y que el portavoz socialista entiende como una "apropiación indebida" desde el punto de vista político, aclaró.

En la comparecencia ante los medios informativos tuvo varias alusiones personales de gran dureza hacia el presidente de la caja, al que acusó de crear "una situación predemocrática" y del que dijo que en algún momento "la pesadilla de Castillejo terminará en Córdoba" y al que atribuyó un comportamiento "escandaloso e indecente" (por la póliza de jubilación) incluso para "los votantes del PP".

"Monaguillo de Castillejo"

Advirtió Caballos que, sea cual sea el resultado de la asamblea general de hoy, las acciones para evitar la "fuga" de Cajasur continuarán. El portavoz socialista tildó a a Antonio Sanz, secretario general del PP de Andalucía, de "monaguillo" de Castillejo e indicó que "la auditoría sigue trabajando" en la caja, por lo que saldrán "más noticias jugosas" sobre cómo se emplean los beneficios de Cajasur.

En términos similares se expresó Antonio Romero, que acusó al Partido Popular de dar un giro hacia el sector privado a la entidad y de haber creado la Ley Financiera "a la medida de un cura".

Ayer también se pronunció el gobierno municipal de Córdoba en contra de la reforma estatutaria de Cajasur, y la Asociación para la Defensa del Ahorro Solidario entregó al presidente de la Diputación de Córdoba, Francisco Pulido, 5.000 firmas recogidas entre particulares y colectivos de la ciudad en defensa del carácter andaluz y democrático de la caja cordobesa.

En la posición contraria se situó el presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda, que acudió ayer a Córdoba para defender a Castillejo.

Por otra parte, Cajasur destituyó el jueves a José García Marín como miembro de la Comisión de Control de la entidad. Esta destitución se produce después de que la Junta preguntase si García Marín tenía alguna incompatibilidad para ejercer este cargo toda vez que es propietario del restaurante cordobés El Caballo rojo, proveedor habitual de Cajasur.