La Diputación denuncia presiones de Castillejo para aprobar los nuevos estatutos de Cajasur

El presidente de la Diputación de Córdoba, Francisco Pulido, denunció ayer "la actitud emprendida por el sacedorte Miguel Castillejo de exigir a los trabajadores de las sucursales de Cajasur la recogida de firmas para demostrar ante las instancias de la Iglesia el apoyo que tiene su propuesta" de modificar los estatutos de la entidad tras acogerse a la Ley Financiera. Pulido aseguró que la institución que preside tiene intereses patrimoniales y corporativos en Cajasur, según el dictamen jurídico emitido a instancia del pleno de la Diputación ante la entrada en vigor de la Ley Financiera.

En una misiva dirigida a todos los directores de oficinas de Cajasur, Pulido "muestra su preocupación por el peligro al que se está exponiendo" a la entidad financiera "por la actitud intransigente y de falta de diálogo" que está mostrando la dirección de la caja presidida por Miguel Castillejo en el proceso de adhesión a la Ley Financiera para escapar de la tutela de la Junta de Andalucía.

En nombre de la asamblea de alcaldes que se constituyó el pasado 4 de diciembre, Francisco Pulido achaca esta situación a "la urgencia y posicionamiento unilateral por parte de la dirección de la entidad financiera, que están provocando tensión y desánimo en todos los sectores", como son impositores, trabajadores, organizaciones sindicales y corporaciones locales. Lamenta que los trabajadores "se vean obligados a defender un proyecto individual en lugar de uno colectivo que está impulsado por el conjunto de los municipios y ciudadanos".

Tras reiterar que la Diputación de Córdoba y los ayuntamientos de la provincia llevarán a cabo cuantas acciones sean necesarias para defender los derechos históricos de la Diputación y la corporaciones locales en Cajasur, el presidente de la entidad provincial descalifica "la actitud emprendida por el sacerdote Miguel Castillejo de exigir a los trabajadores de las sucursales de Cajasur la recogida de firmas para demostrar ante las instancias de la Iglesia el apoyo que tiene su propuesta".

"Lamentable"

En el mismo texto, Pulido considera "lamentable que los intereses privados de una persona o de un grupo de personas impidan el diálogo y la búsqueda del consenso que vienen solicitando tanto las corporaciones locales como la Diputación y el obispo de Córdoba, como verdaderos y únicos representantes de las entidades fundadoras de Cajasur".

Por otro lado, Francisco Pulido ha comunicado a los portavoces políticos de la Corporación provincial la existencia de un informe jurídico que determina que la Diputación tiene intereses patrimoniales y corporativos en Cajasur, documento del que dará cuenta en el próximo pleno de la Corporación, ya que "su contenido es del máximo interés y para evitar su posible utilización en contra de los intereses de la Diputación".

La institución provincial informó ayer de que este dictamen, encargado a una empresa especialiazada, es consecuencia de un acuerdo plenario adoptado ante la entrada en vigor de la Ley Financiera "en cuanto podrían verse afectados los intereses patrimoniales y corporativos de esta institución". Reitera en una carta enviada a los portavoces políticos que, dando cumplimiento a lo acordado por el pleno y en vista del informe emitido, pondrá en marcha todas aquellas acciones jurídicas que correspondan y que contribuyan a la defensa de los derechos de la Diputación.

Por otra parte, el vicepresidente ejecutivo de Cajasur, Antonio Fernández Poyato, dio a conocer ayer que presentará una enmienda a la totalidad a la propuesta de modificación de Estatutos y Reglamento de Cajasur porque perjudica a la institución a la que representa, así como a los impositores, empleados de la entidad y corporaciones locales.

Fernández Poyato indicó que esos estatutos, que fueron aprobados por el Consejo de Administración de Cajasur a principios de este mes, no deben aprobarse en la asamblea de la caja de ahorro que se celebra mañana sábado, ya que considera que debe hacerse con un consenso más amplio con el objetivo de darle más solidez a la empresa.

El vicepresidente de Cajasur hizo un llamamiento a la "sensatez" de los consejeros generales para que estudien los estatutos antes de emitir su voto, ya que "vulneran la lesgislación estatal y regional" sobre cajas de ahorros.