La gestión del PP en Mercalicante deja en quiebra técnica a la empresa de capital público

Un presunto desfalco de unos seis millones de euros detectado en la empresa de capital público Mercalicante ha dejado esta sociedad en quiebra técnica. La comisión de investigación puesta en marcha en el Ayuntamiento de Alicante ha concluido con un dictamen sorprendente. El Partido Popular, que gobierna esta ciudad con mayoría absoluta, se ha declarado totalmente ajeno a la quiebra técnica de la empresa a pesar de que los máximos responsables de la misma, el presidente y el vicepresidente, son el alcalde, Luis Díaz Alperi, y el concejal popular Juan Zaragoza.

Para la oposición ha quedado patente que existe una "responsabilidad política y societaria, cuando no penal", achacable a la presidencia de Mercalicante, a los miembros de su comisión ejecutiva y a los responsables de Mercasa, empresa estatal que participa con un 48,3% en el accionariado de la mercantil. El PP, sin embargo, se sacude toda la responsabilidad del escándalo financiero endosándola a José Emilio Clavero, la persona a la que en 1996 seleccionó y contrató para dirigir Mercalicante. "Nos ha engañado a todos", reitera el alcalde cada vez que se le pregunta.

Desde el momento en el que el Ayuntamiento se querelló contra Clavero -fue detenido y puesto en libertad con cargos por los delitos de apropiación indebida y administración fraudu-lenta-, el PP se considera libre de culpa. Su presidente regional, Eduardo Zaplana, considera que su partido ha actuado correctamente al llevar el caso a los tribunales en cuanto se descubrió el desfalco. Antes, en julio, Clavero había sido destituido tras conocerse, merced a una auditoría externa, que Mercalicante estaba en quiebra técnica.

Esa auditoría detectó una serie de subvenciones públicas a Mercalicante para proyectos que nunca se ejecutaron. La oposición aprecia responsabilidades políticas directas de las consejerías de Agricultura y de Comercio, Industria y Energía, y de los ministerios de Industria y Energía y Agricultura por no controlar sus ayudas públicas.

Los socialistas y Esquerra Unida, en la oposición, consideran que Clavero tiene responsabilidad en el agujero económico detectado en la empresa, pero aseguran que éste "no pudo por sí solo cometer el presunto desfalco". Para la oposición es determinante que el PP creara en 1998 un comité ejecutivo para restar competencias al consejo de administración de la empresa. Ese comité, formado por tres miembros del PP y dos ejecutivos de Mercasa, adoptó algunas decisiones que, según la oposición, han contribuido a la ruina de la empresa. "Existe una desviación respecto de los precios de adjudicación de 5,6 millones de euros, desviación que no ha sido aprobada por el consejo de administración, que la desconoce",asegura el portavoz socialista, Blas Bernal.

A espaldas del consejo

Consecuencia de la desviación en el coste de las inversiones es una desviación en las necesidades de financiación: del endeudamiento total de Mercalicante, que asciende a 16,32 millones de euros (2.716 millones de pesetas), el consejo de administración sólo ha aprobado 10,68 millones de euros.

En su dictamen de la comisión de investigación, socialistas y Esquerra Unida coinciden en que el hecho de que los miembros del comité ejecutivo abordasen y consiguiesen financiación complementaria a espaldas del consejo de administración, en el que sí hay representantes de la oposición, pone de evidencia que "conocían perfectamente la necesidad de tal financiación y, por tanto, las inversiones realizadas fuera de las decididas por el consejo". Después de esto, la oposición tiene claro que el PP "escondió" al consejo la situación de Mercalicante, "ayudando a la quiebra financiera de la empresa". También considera "muy extraño" que Mercasa, socio técnico de Mercalicante, no detectara en las cuentas anuales una situación de endeudamiento más allá de sus propias previsiones.

Durante las sesiones de la comisión de investigación se han conocido aspectos tan sorprendentes como la millonaria financiación de Mercalicante a un alto cargo de Sanidad para poner a punto su coche de carreras o las colocaciones de familiares y allegados del PP en Mercalicante y empresas relacionadas con esta sociedad. La auditoría también ha detectado pagos de atenciones que escapan a la contabilidad municipal y fastuosas inauguraciones de obras plagadas de deficiencias.