El PP culpa al gerente y la oposición a Alperi del desfalco en Mercalicante
PSPV y EU concluyen que el alcalde y dos ediles son responsables políticos y societarios
El PP achacó ayer toda la responsabilidad del escándalo de Mercalicante al ex gerente, José Emilio Clavero, mientras PSPV y EU dictaminaron en la comisión de investigación que existe una responsabilidad política y societaria, cuando no penal, [por la quiebra de Mercalicante] del presidente de la sociedad, el alcalde Luis Díaz Alperi, de los miembros de la Comisión Ejecutiva -los concejales del PP Juan Zaragoza y José María Rodríguez Galant- y de los responsables de Mercasa". Un agujero económico de unos seis millones de euros ha arruinado esa sociedad pública.
"Del resultado de los trabajos de la comisión de investigación se confirma que el único responsable de las irregularidades cometidas ha sido el señor Clavero, ex gerente de Mercalicante". Así lo dictaminó ayer la comisión con los votos mayoritarios del PP. Según este dictamen, todas las actuaciones y decisiones del consejo de administración y del comité ejecutivo de Mercalicante "han sido tomadas conforme a la ley, a los estatutos y con la diligencia debida, salvo aquellas en las que el ex gerente omitió, ocultó y manipuló información". Para el PP, ningún concejal se ha beneficiado económicamente de las irregularidades en la "gestión desleal de Mercalicante". Sobre las operaciones de crédito, los populares sostienen que todas ellas fueron convalidadas por la Junta General, en la que están representados todos los grupos políticos municipales.
El dictamen conjunto emitido por PSPV y EU es radicalmente opuesto. Estos grupos entienden que se ha comprobado, "sin lugar a dudas", que la actuación del ex gerente José Emilio Clavero -aunque ciertamente reprochable- no pudo por sí misma causar el quebranto económico que sufre la sociedad. Según la oposición hay cuatro pasos decisivos que llevaron a Mercalicante a la actual situación de quiebra: la destitución sorpresiva del anterior gerente, por decisión exclusiva de Luis Díaz Alperi, alegando razones económicas "que son sencillamente falsas"; el nombramiento de Clavero como gerente; la creación de la Comisión Ejecutiva, también por sorpresa y con el objetivo de apartar a la oposición de las deciciones; el plan de expansión de Mercalicante, cuya base es la urbanización, edificación y explotación de lo construido. La situación económica de la empresa es consecuencia, según la oposición, de las operaciones dirigidas por la Comisión Ejecutiva y ejecutadas tanto por el ex gerente como por miembros de dicha Comisión. Tanto PSPV como EU anunciaron que enviarán su dictamen al juzgado. El representante del Grupo Mixto, Daniel Rodríguez Vicaria, pidió la dimisión de todos los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva y exigió la destitución de Juan Zaragoza como concejal del Ayuntamiento.
El lado "chusco" de la sociedad
Las conclusiones de la oposición sobre la investigación de Mercalicante no olvidan aspectos "tan chuscos" como "la millonaria financiación de los divertimentos del director del área 18 de Sanidad y piloto de rallies", José Luis Ortuño, quien declaró a la comisión que "apareció" por el despacho del ex gerente para pedirle dinero con el que financiar su coche de carreras; las colocaciones de familiares en Mercalicante -el vicepresidente Juan Zaragoza colocó a su hija- y empresas relacionadas, y los pagos de atenciones "que escapan al control municipal". Pero más seria, según la oposición, es la desviación respecto de los precios de adjudicación de 5,6 millones de euros, "desviación que no ha sido aprobada por el Consejo de Administración, que la desconoce". Del endeudamiento total, que asciende a 16,32 millones de euros (2.716 millones de pesetas), el Consejo de Administración sólo ha aprobado 10,68 millones de euros, "con una información poco clara sobre el destino de parte de dicha financiación". Los miembros de la Comisión Ejecutiva, añade el dictamen, lograron financiación complementaria a espaldas del Consejo y eso "pone en evidencia que conocían perfectamente la necesidad de tal financiación y, por tanto, las inversiones realizadas fuera de las decididas por el Consejo".
