El Gobierno acepta quitar 0,75 euros al mes a cada trabajador para ayudar a Galicia

El Gobierno va a asumir y a aprobar una propuesta de sindicatos y patronal para crear un fondo especial de ayuda a Galicia, de 270 millones de euros, que tendrá como destino recuperar la actividad productiva y el empleo entre los afectados por la catástrofe del Prestige. Patronal y sindicatos han sugerido subir una décima las cotizaciones sociales, sólo durante 2003, que pagarán a medias empresarios y trabajadores. Eso supone 1,5 euros por trabajador al mes (0,75 que aporta el empleado y 0,75, el empresario). Las organizaciones sociales estiman que ese recargo supone que los empresarios pondrán 90 millones de euros y los trabajadores otros 90 millones. El Gobierno acepta aportar, al menos, otros 90 millones.

La iniciativa, que partió de los agentes sociales, ha sido recogida por el Gobierno y supondrá la mayor aportación de fondos, públicos o privados, recabados hasta ahora para ayudar a Galicia. El ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, afirmó ayer que ve "muchas posibilidades" de que se cierre un acuerdo esta misma semana. También confirmó que "la aportación del Gobierno tiene que ser similar" a la de trabajadores y empresarios. El Ministerio de Economía está estudiando cómo ponerlo en práctica.

El objetivo del fondo de patronal y sindicatos es ayudar a recuperar la actividad productiva y el empleo en las zonas más afectadas por la catástrofe del Prestige. Apoyará nuevas inversiones, la creación de puestos de trabajo, nuevas ayudas para el autoempleo, así como para la formación profesional de los trabajadores y empresarios de las zonas afectadas por la marea negra. Sindicatos y patronal han tomado esta iniciativa de "ayuda a Galicia para paliar los efectos negativos sobre la economía y los trabajadores que ha causado el Prestige". Los agentes sociales descartaron una primera fórmula consistente en ceder un día de salarios y beneficios, pues era muy difícil de llevar a la práctica.

Este fondo estará dotado, al menos, con 270 millones de euros y se nutrirá por dos vías. La primera, será un recargo de una décima en la cuota de formación profesional que pagan empresas y trabajadores. A cada trabajador le corresponderá una aportación media de 1,5 euros al mes, a pagar a medias con su empresario. Será un recargo con carácter extraordinario, es decir, sólo para 2003.

Los agentes sociales esperan cerrar un acuerdo este viernes para que el Consejo de Ministros apruebe su contribución en la reunión de la próxima semana. En total, y según los cálculos de las organizaciones sociales, los trabajadores aportarán 90 millones de euros y los empresarios otros 90 millones. Es decir, la cotización destinada a formación profesional, que ahora supone un 0,7% del salario, tendrá un incremento en 2003 de una décima (hasta el 0,8%) que abonarán a partes iguales empresarios y asalariados. La patronal y los sindicatos han invitado al Gobierno a que aporte una cantidad similar, más la que le corresponde como empleador de los funcionarios públicos. En total, eso supondría otros 120 millones de euros.

El Ejecutivo, en principio, acepta aportar sólo 90 millones de euros, es decir, la cuantía que le toca como empleador en el sector público (unos 30 millones de euros) más lo que falte hasta los 90 millones de euros. El fondo quedaría definido así, según fuentes gubernamentales, "con aportaciones de 90-90-90".

Los interlocutores sociales han propuesto al Ejecutivo que añada a esa cantidad un remanente de 18 millones de euros que no se gastó del fondo de solidaridad creado en el Acuerdo Económico y Social. El Ejecutivo ha respondido que esa cantidad se puede incorporar, pero sin variar el modelo de 90-90-90. El diseño de este proyecto quedó ultimado en una reunión que mantuvieron en la tarde del lunes el secretario general de Empleo, Juan Chozas, el secretario general de la CEOE, Juan Jiménez Aguilar, y los secretarios de acción sindical de UGT y CC OO, Antonio Ferrer y Fernando Puig, respectivamente.

La fórmula finalmente elegida se pondrá en marcha mediante el decreto ley que recoge las cotizaciones sociales vigentes cada año. Como esos fondos se irán recaudando a lo largo del ejercicio, patronal y sindicatos han pedido al Gobierno que adelante el dinero. El Ejecutivo se ha comprometido a estudiarlo.

Este proyecto, según destacan sus promotores, es "excepcional" y "finalista", es decir, no pretende sustituir otras ayudas que el Ejecutivo estudia. El líder de UGT, Cándido Méndez, apuntó el interés de los sindicatos en que "ese fondo no sea, en ningún caso, sustitutivo de las obligaciones de las Administraciones".