Un empleo para los excluidos sociales

Luisa Aurelia, de 35 años, emigró a Cataluña en 2000 con su hija pequeña. En estos dos años, ha intentado rehacer su vida lejos de su país, Georgia, donde dejó a su marido y a su otro hijo, que acaban de llegar a Barcelona. Pero no le ha sido nada fácil, sobre todo a la hora de encontrar un trabajo. Ahora, sin embargo, asegura estar "muy contenta", ya que desde el pasado mes de marzo ha podido ponerse de nuevo el delantal que usaba cuando trabajaba de pastelera en Georgia para ejercer de ayudante de cocina en la Fundación Futur, una entidad sin ánimo de lucro que tiene por objetivo la inserción laboral de personas que se encuentran en riesgo de exclusión social, desde familias monoparentales, inmigrantes y con pocos recursos, como Luisa Aurelia, hasta mujeres maltratadas, ex toxicómanos y ex presidiarios o parados de larga duración, cuyo acceso al mercado laboral se traduce normalmente en una carrera de obstáculos difíciles de superar.

La Fundación Futur es una de las más de 60 empresas catalanas de inserción laboral

Los nuevos empleados llegan de Cáritas y de los servicios sociales del Ayuntamiento

Creada en 1996, la Fundación Futur es una de las más de sesenta empresas de inserción laboral que se calcula que operan en Cataluña con esta misma finalidad y que, desde hace tiempo, vienen reclamando un marco legal que regule este sector. Sus reivindicaciones han visto la luz esta semana en el Parlament, que ha aprobado por unanimidad la Ley de Empresas de Inserción, pionera en el Estado español. "El objetivo de esta ley no es otro que clarificar y potenciar esta iniciativa social que ha crecido en los últimos años", explica el portavoz adjunto de CiU en el Parlament, Enric Millo, cuyo grupo parlamentario ha impulsado esta normativa que define los requisitos, características, actividades y posibles beneficiarios de estas empresas y establece la creación de un registro para identificarlas y regularlas.

A pesar del retraso, las empresas de inserción laboral han aplaudido la aprobación de esta ley. "Era muy necesaria", explica María José Ortega, de la Asociación Intersectorial de Recuperadores y Empresas Sociales de Cataluña (AIRES), que agrupa a 34 de estas entidades. El vacío legal existente hasta ahora ha significado, en cierto modo, una falta de reconocimiento a la tarea que desempeñan estas empresas y, sobre todo, un apoyo insuficiente por parte de la Administración con vistas a recibir subvenciones, pero también para contratar los servicios que estas empresas ofrecen. La ley aprobada el pasado jueves en el Parlament establece que estas entidades "pueden gozar de un trato fiscal específico" y que "pueden tener preferencia" en la adjudicación de contratos administrativos que convoque la Generalitat.

La Fundación Futur, que se dedica básicamente a la restauración, ya trabaja en este sentido con el Ayuntamiento de Barcelona, que la contrata para muchos de los caterings y recepciones que ofrece. Pero no es suficiente: sólo el 3% de la financiación de esta entidad -que este año ha ascendido a 480.000 euros- procede de fondos públicos, y el resto se reparte entre los ingresos derivados de su actividad (70%) y de donaciones privadas (27%), según explica su director, Manuel Almirall.

Esta empresa de inserción es de las pocas que se dedican al ramo de la hostelería, pues la mayoría trabajan en la gestión y reciclaje de residuos, que luego se venden en tiendas de segunda mano, y también en la agricultura, la jardinería y la limpieza industrial o a particulares. La plantilla de la Fundación Futur, de 25 personas, es variada. "Intentamos dar cabida a todo tipo de colectivos para evitar que se transforme en un gueto", cuenta Almirall, que hace un repaso improvisado: inmigrantes, personas sin techo, familias monoparentales con escasos recursos económicos, ex alcohólicos y ex drogadictos en proceso de rehabilitación, ex presidiarios, mujeres maltratadas y mayores de 60 años... Entre todos ellos, gestionan tres restaurantes que dan prioridad a los productos biológicos y de comercio justo. Al cabo del día, llegan a ofrecer un centenar de comidas, además de otros tantos caterings que se están convirtiendo en el servicio estrella de esta empresa.

La mayor parte de estas comidas se preparan en la cocina central, en la sede de la fundación, a cargo de Oriol, de 35 años, que ha ido enseñando el arte de cocinar a sus ayudantes Luisa Aurelia y Minuda. La primera encontró este empleo con la ayuda de una asistenta social. Minuda, una marroquí de 40 años, se incorporó a la fundación hace ocho meses a través de una amiga que trabajaba en la misma entidad. El boca a boca, cuenta Almirall, es una de las vías por las que la Fundación Futur se nutre de trabajadores, aunque normalmente suelen llegar de la mano de Cáritas, los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona e institutos penitenciarios con los que esta entidad ha firmado convenios.

La estancia media de estas personas suele ser de un año, pues la entidad está concebida como un lugar de paso para dar el salto al mercado laboral. Pero además de ofrecerles un puesto de trabajo -con contrato, alta en la Seguridad Social y el salario que establece el convenio del sector-, estas empresas hacen hincapié también en la formación y capacitación de las personas que emplean, tanto a en el aspecto laboral como social, que corre a cargo de educadores y asistentes sociales. Nada más entrar en estas empresas, se diseña un itinerario de inserción personalizado para cada uno de los trabajadores, que establece los objetivos formativos, sociales y personales que debe alcanzar, y que implica un seguimiento permanente por parte de los responsables, educadores y asistentes sociales de la entidad.

Un informe de la Asociación Intersectorial de Recuperadores y Empresas Sociales de Cataluña (AIRES) calcula que este proceso supone un coste añadido de unos 4.000 euros al año por persona, teniendo en cuenta que la productividad de estos trabajadores es relativamente baja, a causa de la falta de hábitos en el trabajo y el elevado absentismo laboral. El informe pone de manifiesto que las empresas de inserción laboral pierden rentabilidad al tiempo que generan un importante ahorro social a la Administración pública, cifrado en algo más de 12.000 euros anuales, que viene a ser lo que cuesta a los servicios sociales públicos hacerse cargo de los excluidos sociales que absorben estas empresas.