Administración y exclusión social

Desde el Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Bizkaia (colectivo profesional que interviene directamente con personas en situación de exclusión social) tenemos la obligación de denunciar, con motivo de Día contra la Exclusión Social, la actuación de la Administración pública en esta materia.

Actualmente existen en nuestra provincia 12.413 familias que carecen de recursos económicos y perciben la denominada renta básica (ayuda económica mensual de carácter alimenticio, claramente insuficiente para cubrir dignamente las necesidades básicas). Estas familias, según el Gobierno vasco, cuentan con un derecho, los convenios de inserción, de obligado cumplimiento, que supone el realizar una serie de acciones marcadas por la Administración para su inserción social, que de no ser desarrolladas supondrá la pérdida de la pensión alimenticia.

Ante esta realidad nos surgen las siguientes preguntas: ¿El derecho alimenticio de las personas puede estar condicionado? ¿Hay derechos de obligado cumplimiento? ¿Está el Gobierno vasco insinuando que la exclusión social es una responsabilidad individual, al entender que con el cumplimiento de los convenios de inserción desaparecerán las situaciones de exclusión social?

Ya en el año 2000 el Parlamento vasco aprobó la ley denominada Carta de Derechos Sociales, que reconoce derechos básicos y universales como, por ejemplo: la protección social suficiente, vivienda digna, educación de calidad..., y define como unos de los objetivos de la norma posibilitar a todos los ciudadanos el acceso al mercado laboral. El ejercicio efectivo de estos derechos les corresponde garantizarlo a las Administraciones públicas vascas.

Éstas, sin embargo, no han dado pasos en este camino, encontrándose a fecha de hoy pendiente incluso la aprobación del Plan Vasco de Inserción, que debería servir de base para toda la planificación en materia de inserción; y también para los mencionados convenios de inserción individuales (que las personas ya tienen la obligación de firmar y cumplir).

La Administración únicamente ha puesto en marcha programas como el denominado Auzolan, consistente en un proceso formativo y un "empleo" de seis meses de duración (no renovables), con una jornada de 30 horas semanales y una retribución salarial del 75% del Salario Mínimo Interprofesional (55.182 pesetas al mes). ¿Es esto lo que la Administración entiende por inserción laboral: una imposición de empleo con condiciones laborales muy deficitarias y sin ninguna proyección hacia el futuro?

Ante lo ya expuesto, se observa que solamente se están haciendo cumplir las obligaciones de las personas en situación de exclusión social, y no así las de la Administración. Por lo tanto, se está responsabilizando a personas individuales en situaciones muy complejas de la resolución de problemas sociales y estructurales como el desempleo o la falta de vivienda asequible, al basar su inserción en acciones realizadas exclusiva y directamente por los implicados.

La exclusión social es un problema cuyas causas, fundamentalmente sociales, deben ser atajadas desde la Administración, que es quien tiene la responsabilidad de desarrollar políticas adecuadas que posibiliten el desarrollo personal y social de todas y cada una de las personas que vivimos en el País Vasco.