Inflación y aproximación a Europa

En los años posteriores al acuerdo de Maastricht, la inflación española fue convergiendo hacia la europea (véase gráfico en página 14) y en 1998 la tasa anual media en España fue del 1,8% frente al 1,1% en el conjunto de los países que pertenecen actualmente a la UME. Desde entonces se viene manteniendo sistemáticamente un diferencial de inflación de más de un punto porcentual. En concreto para diciembre de este año prevemos una tasa anual del 3,7% en España frente a una tasa del 2,3% para la UME y para el 2003 y 2004 se prevé que la tasa anual media española supere ligeramente el 3% y que la de la zona euro se sitúe en el 1,9%-2%.

La inflación es un fenómeno económico que se determina conjuntamente con otros fenómenos como los salarios, productividad, empleo, crecimiento económico, etcétera y además como se comenta a continuación, actualmente la inflación no es un problema coyuntural sino básicamente un problema estructural, que está muy relacionado con la nueva situación y los nuevos retos que plantea la integración de la economía española en la UME.

Lo importante no es el déficit cero, sino la deuda pública en porcentaje sobre el PIB que es compatible con un crecimiento estable

El presupuesto debe planificarse a medio plazo con un diseño de gasto público en infraestructuras y educación

En esta área económica con una política monetaria común y con tipos de cambio fijos, las desviaciones al alza en la paridad del poder adquisitivo en España respecto a la media de la UME -es decir, que con una cantidad dada en euros se pueda adquirir una cantidad mayor de una cesta de bienes y servicios en España que en la media de la UME- pueden estar provocando diferenciales positivos de inflación como mecanismos de ajuste para alcanzar una convergencia en precios. Tal evolución podría ser un proceso hacia una situación de equilibrio en la que se alcanzaría la paridad de poder adquisitivo. Pero ello requiere determinadas condiciones que se comentan a continuación.

El argumento de la paridad del poder adquisitivo en este proceso de convergencia de precios exige que se trate de una cesta de bienes y servicios que sean idénticos en ambas zonas geográficas. En concreto, los productos deben tener la misma calidad en ambos lugares. Si se acepta que la condición de partida era de bienes y servicios de menor calidad media en España que en la UME, se tiene que para que el diferencial de inflación positivo propicie una convergencia de equilibrio en precios, aquél deberá ir acompañado de un diferencial de calidad también positivo. Es decir, que la incorporación de calidad en bienes y servicios en España sea superior a la incorporación de calidad que se hace en la media de la UME. Esto es así porque la parte de la inflación observada que corresponde a aumentos de precios motivados por aumentos de calidad no es realmente inflación. Si los salarios se indician con unas tasas de inflación que incorporan subidas de precios debidos a aumentos de calidad se está obteniendo una subida de salario real.

Para que esta dinámica conduzca a una situación de equilibrio, es decir, una situación de crecimiento estable, es necesario que se produzcan ganancias de productividad, ya que con unas condiciones fijas producir bienes de mayor calidad es más caro. Obsérvese también que en un proceso de ganancias de productividad será necesario reorientar la producción nacional hacia bienes y servicios en los que se incorpora mayor valor añadido o para los que se tengan ventajas comparativas, como puede ser el turismo. Esto implica reorientar producciones basadas en subvenciones o en emigración ilegal -que es una subvención encubierta- hacia producciones realmente competitivas.

El problema planteado con la situación inflacionista actual de la economía española radica en asegurar que los diferenciales de la inflación con Europa van acompañados de un proceso sólido de ganancias de productividad. En consecuencia las medidas necesarias son aquellas que garanticen tales incrementos en la productividad. Esto ciertamente requiere fomentar la competencia de forma real e incorporar cierta consideración de las condiciones de la empresa individual en los convenios colectivos sectoriales.

Pero hay medidas tan importantes o más que las anteriores que son objeto de menor atención en los medios de comunicación. Entre estas medidas hay que destacar la necesidad de mayor inversión en infraestructuras, como forma de reducir los costes de la actividad económica española. Mayor inversión en las empresas privadas para incorporar nuevas tecnologías, que generen importantes aumentos de productividad. Mayor inversión en educación e investigación para poder asegurar que: (1) se dispone de mano de obra capacitada para producir con las nuevas tecnologías y (2) para llevar a cabo las reconversiones necesarias hacia producciones con mayor valor añadido.

En política fiscal lo importante no es el déficit cero, sino la cantidad de deuda pública en porcentaje sobre el PIB que es compatible con un crecimiento estable. Esto requiere generar expectativas en los inversores de que un determinado plan a medio plazo en la deuda pública se va a cumplir. Para poder garantizar eso se necesita una planificación presupuestaria a medio plazo. Esto incluye un reajuste más eficiente del gasto y un diseño de gasto público en infraestructuras y educación que puedan generar mayor crecimiento y, por ende, mayor recaudación impositiva para poder reducir la deuda pública de modo que su ratio sobre el PIB pueda ser estable.

En conclusión la lucha que debe plantearse frente a la inflación es profunda y compleja pero ciertamente factible, aunque requiere una voluntad política de iniciar reformas estructurales y planificaciones cuyos frutos puedan aparecer más allá del periodo de cuatro años existente entre elecciones generales.

*Departamento de Estadística y Econometría de la Universidad Carlos III de Madrid