La policía detiene a 44 inmigrantes sin papeles en los cuarteles de Sant Andreu

La policía detuvo ayer a 44 inmigrantes que se alojaban en los cuarteles de Sant Andreu, un antiguo edificio perteneciente al Ministerio de Defensa en el que malviven en condiciones de insalubridad cerca de 250 extranjeros de más de 30 nacionalidades.

La policía llegó a media mañana, pidió la documentación a 198 ocupantes y detuvo a 44 de ellos "por encontrarse en situación ilegal en España", según informó ayer la Jefatura Superior de Policía de Cataluña. Añadió que algunos de los detenidos tenían pendientes órdenes de expulsión, otros iban indocumentados y un tercer grupo tenía documentación irregular.

La policía insistió ayer en que se ejecutó una "operación de control de extranjería" y no un desalojo, puesto que no tienen orden alguna para ello. Se da la circunstancia de que el pasado 7 de noviembre finalizó el plazo de 10 días que el Ministerio de Defensa concedió a los inmigrantes para abandonar estos antiguos cuarteles situados en el barrio de Sant Andreu, aunque los inmigrantes presentaron un recurso ante el juez.

"Ha sido todo muy confuso, porque las autoridades saben que no pueden desalojar y han entrado en un edificio donde vive gente para hacer un control de documentación. El problema es que los cuarteles no son la vía pública, por lo que la discusión está en si pueden entrar sin permiso y reclamar la documentación", aseguró ayer Jaume Asens, miembro de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona. Asens señaló que tres días atrás habían tramitado una demanda por la posible vulneración de los derechos fundamentales de los inmigrantes.

Apoyo a los detenidos

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) y la plataforma Papeles para Todos criticaron duramente las detenciones efectuadas ayer. En sendos comunicados, las dos asociaciones tacharon de "represión policial" y "detención ilegal" la actuación de la policía. La plataforma Papeles para Todos calificó el hecho de "grave atentado contra los derechos humanos" y la FAVB aseguró que las autoridades se comprometieron a no desalojar a los inmigrantes mientras no hubiese una solución alternativa.

Los habitantes de los antiguos cuarteles han recibido en numerosas ocasiones la ayuda de los vecinos del barrio de Sant Andreu. Este colectivo inició el pasado mes de octubre una campaña de recogida de comida, ropa y mantas para los inmigrantes, y junto con los afectados ha reclamado repetidas veces al Ayuntamiento de Barcelona el derecho a un alojamiento digno.

A mediados de noviembre los inmigrantes recibieron la visita de Miloon Kothari, el relator especial de Naciones Unidas para la Vivienda, y Virginia Dan Dan, presidenta del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). Unos días después, el Departamento de Bienestar Social, Cáritas Diocesana y Cruz Roja firmaron un convenio para acoger a los inmigrantes en situación crítica.

Cerca de 250 personas -algunas de ellas menores-, entre ucranios, rusos, bielorrusos, polacos, georgianos, armenios, subsaharianos, latinoamericanos, marroquíes y españoles, habitan desde principios de año en este enorme complejo militar, que carece de agua y luz.