Cascos demanda al remolcador del 'Prestige' por no servir al Estado

El ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, anunció ayer que ha encargado a la Abogacía del Estado que "emprenda las acciones jurídicas que procedan" contra el Ría de Vigo, el remolcador que trabaja "en exclusividad" para la Administración en situaciones de emergencia. La tarde del día 13, el Ría de Vigo intentó un pacto con el armador del Prestige, en ese momento naufragado. La demanda será por "incumplimiento" de su tarea en "exclusividad".

"Ofrecemos nuestros servicios en base a LOF 2000, incluyendo cláusula SCOPIC. Confirmamos que nos cuidamos del Ría de Vigo (de nuestros socios españoles) en el sentido de que cualquier reclamación suya será incluida en nuestro contrato de salvamento Lloyd's Open Form". Éste es el contenido de un fax enviado a las 19.35 horas a la oficina del armador del Prestige en Atenas (véase documento adjunto), tal como reveló este diario el pasado día 1 en el reportaje titulado "SOS: Peligro no definido".

Este diario informaba de que ese fax significa que si el rescate se llevaba a cabo, el 30% del valor del buque y el 30% del valor de la carga serían para la compañía rescatadora. Y si se hundía, sólo se cobrarían los gastos. El problema fue que mientras los directivos de las distintas compañías intentaban ponerse de acuerdo, el capitán del Prestige no permitía que se iniciara el remolque y paró las máquinas. Lo aceptó a las 21.00, cuando sólo quedaban tres personas a bordo.

El ministro de Fomento expuso ayer en el Congreso, muy técnicamente, este primer capítulo de la deriva del buque siniestrado frente a las costas de Galicia.

El Ría de Vigo, explicó Álvarez-Cascos, tiene "un contrato de servicios de fletamento total", es decir, "está destinado al servicio público de salvamento marítimo y lucha contra la contaminación". Depende de Salvamento Marítimo (Sasemar) y está obligado por su contrato con la Administración a responder inmediatamente a las solicitudes de Sasemar. Nunca podrá tardar más de 30 minutos en atender la reclamación del sector público. Y si quiere hacer algún trabajo privado debe pedir permiso a Sasemar por escrito y con 15 días de antelación.

Pero "consta en el Documento de Seguimiento del Centro de Coordinación de Finisterre que desde las 21 horas del día 13 [de noviembre] el representante de SMIT Salvage había llegado a un acuerdo con el armador para que éste, a su vez, diera instrucciones al capitán para que tomara el remolque del Ría de Vigo", según Álvarez-Cascos. Las instrucciones dadas desde ese Centro de Coordinación son, en la práctica, la caja negra que permite reconstruir qué pasó desde la avería del Prestige.

El contrato privado del Ría de Vigo con SMIT Salvage, además de incumplir su exclusividad con la Administración, desvía los intereses que debía tener el remolcador. Frente a la prioridad de efectuar el salvamento siguiendo las instrucciones de Salvamento Marítimo, surge un acuerdo económico que incentiva salvar la carga y el buque, porque está en juego el 30% del importe de ambas. Álvarez-Cascos no hizo, en su comparecencia de ayer, esta lectura y sólo anunció acciones legales contra el Ría de Vigo.

La intervención de Cascos, por lo demás, partió del "reconocimiento de equivocaciones" de las que él, aseguró, es el "responsable político". Su asunción pública de responsabilidades concluyó así: "A este Gobierno, imperfecciones se le podrán reprochar muchas, pero le aseguro que en tenacidad y en continuidad no nos va a superar nadie".

El debate fue, por parte de todos los grupos parlamentarios, bastante técnico. Nadie le pidió cuentas a Cascos de a qué dedicó los fines de semana.