El Ayuntamiento de Castellón manipuló recibos para otorgar el solar de Renfe, según el PSPV

El Ayuntamiento de Castellón manipuló las fechas de pago de dos recibos para evitar que la firma Calviga, adjudicataria del solar de Renfe, estuviese inhabilitada, según los socialistas, que han presentado una querella por prevaricación, tráfico de influencias y falsificación de documento. La polémica por la adjudicación de los terrenos liberados tras el soterramiento de la vía férrea a Calviga, una empresa del grupo Batalla, se prolonga de esta manera en otro frente, que se añade al cruce de recursos y al malestar entre los vecinos y parte del comercio del centro histórico.

Los concejales socialistas de Castellón aseguran tener pruebas de que se han manipulado recibos, según el escrito presentado ante el juzgado en la mañana de ayer. La querella aporta un informe de la intervención municipal que señalaba que la empresa Calviga estaba inhabilitada para contratar con el Ayuntamiento, debido a su condición de deudora de dos recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles de los años 1997 y 2000. Este informe, según señalan los socialistas, está fechado en agosto de 2001. La condición de moroso impide a las empresas acceder a concursos, ya que la ley indica que deben estar al corriente de pagos. Según la querella, el Ayuntamiento advirtió "del problema" a la empresa. Así, antes de la adjudicación, la empresa presentó dos recibos que fueron "emitidos por el servicio de recaudación el 22 de octubre de 2001". Sin embargo, los recibos, sellados por la Caja Rural de Castellón, están fechados "como si hubieran sido pagados el 22 de octubre de 2000", con lo que "se solventaba la supuesta condición de morosidad de Calviga ante la Administración". Estos recibos, tal como explicó Miguel Alcalde, portavoz adjunto socialista, están cobrados con el recargo que corresponde a retrasos de cuatro y un año, respectivamente. Es decir, como si hubieran sido pagados en 2001.

La querella se ha presentado contra el alcalde de Castellón, José Luis Gimeno, contra los ediles Alberto Fabra y José Pascual, además de cuatro funcionarios municipales, la Caja Rural de Castellón y Calviga. Los hechos denunciados se remontan a hace un año, cuando se produjo la adjudicación a la firma de Batalla de la urbanización de los terrenos liberados tras el soterramiento de la vía del tren, un lugar en el que, según se ha anunciado, se instalará El Corte Inglés. Las presuntas irregularidades urbanísticas que ahora denuncian penalmente los socialistas fueron motivo, además, de un recurso contencioso presentado por un grupo de comerciantes que optaron adjudicación de la obra. Esta oferta fue desestimada porque, según la mesa de contratación, no reunía los requisitos exigidos.

Los socialistas denuncian los supuestos delitos de prevaricación, (por dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es) y tráfico de influencias, "por la participación de un conjunto de personas para beneficiar al contratista habitual del ayuntamiento", y falsificación de documento público al "no prestar atención a los informes de intervención".