El Gobierno recurre una norma de Vizcaya sobre presupuestos locales

El Gobierno vasco ha recurrido un proyecto de norma foral de la Diputación de Vizcaya que permite a ésta regular los presupuestos de los ayuntamientos y entidades locales de la provincia. El proyecto, aprobado en septiembre, ha quedado suspendido mientras la Comisión Arbitral, el organismo encargado de resolver el conflicto, no adopte una resolución definitiva. El Gobierno entiende que la Diputación vizcaína ha invadido sus competencias y se basa en sentencias del Tribunal Supremo y del Superior del País Vasco. El litigio se remonta a 1991.

La norma que ha originado el conflicto establece el marco presupuestario de los ayuntamientos y entidades locales de Vizcaya, para que se pueda ejercer un control sobre la contabilidad de los gobiernos locales. Introduce la idea de las auditorías internas y algunos conceptos de técnica presupuestaria para homogeneizar las cuentas de las distintas administraciones. En realidad, se inspira en tres normas forales idénticas que aprobaron en 1991 las diputaciones de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, apoyándose en sus competencias en materia tributaria.

Aquellas leyes, sin embargo, se encontraron con el rechazo del Estado, que decidió recurrirlas ante el Tribunal Superior del País Vasco. Éste resolvió en 1994 que las normas eran contrarias a derecho y las diputaciones, que no se dieron por satisfechas, llevaron el caso al Tribunal Supremo. En abril de 2002 se ha emitido la sentencia sobre las tres normas, y de nuevo da la razón al Estado.

El Supremo entiende que las diputaciones carecen de capacidad para regular los presupuestos de los ayuntamientos porque no existe una ley que asigne esta competencia a una administración en concreto así que, mientras se dé ese vacío normativo, la responsabilidad en esta cuestión descansa en las autonomías.

El Gobierno vasco, al amparo de esa sentencia, se dispuso a elaborar un proyecto de ley que regule cómo deben elaborarse los presupuestos de las entidades locales. El texto que el Ejecutivo autónomo pretende llevar al Parlamento vasco recoge básicamente los mismos términos que las normas forales de hace 11 años, declaradas nulas. Y no ha contentado en absoluto a las diputaciones porque éstas, a pesar de todo, siguen aspirando a tener la tutela sobre los presupuestos de los ayuntamientos.

Los tres gobiernos forales entienden que la materia tributaria -competencia que ellos y las Juntas Generales poseen- y la presupuestaria están "íntimamente vinculadas". Por eso, han pedido que la futura ley les otorgue esa responsabilidad, es decir, que el Gobierno les transfiera la competencia.

Cuando el Gobierno vasco estaba todavía madurando el anteproyecto de ley, la Diputación de Vizcaya se adelantó al aprobar un proyecto de norma foral sobre los presupuestos municipales. El texto, publicado en el boletín oficial del 24 de septiembre, reproduce casi en su integridad el de 1991, anulado por los tribunales. Sin embargo, Vizcaya entiende que se ha producido una novedad que, ahora sí, permite a los territorios apropiarse de la competencia.

Al aprobarse el Concierto Económico en mayo de este año, se introdujo una modificación que afectaba a la financiación de las haciendas locales y la Diputación interpreta que ese cambio es suficiente. Así que ha aprobado el proyecto y lo ha remitido a las Juntas Generales, que son en definitiva las que aprueban este tipo de normas.

El Gobierno vasco, sin embargo, entiende que la Diputación de Vizcaya ha invadido su ámbito de competencias y ha presentado un recurso ante la Comisión Arbitral, el organismo encargado de resolver este tipo de conflictos entre las instituciones vascas. Fuentes de la Vicelehendakaritza sostienen que su departamento actúa "en coherencia con la sentencia dictada por el Tribunal Superior del País Vasco y del Supremo, que anularon las normas forales".

"Solucionarlo antes"

La Diputación de Vizcaya, informa Pedro Gómez Damborenea, confía en negociar con el Gobierno vasco, de manera que el conflicto todavía pueda arreglarse sin la necesidad de esperar a que el órgano paritario adopte una resolución formal. "Creemos que el asunto se puede solucionar antes de que resuelva la Comisión Arbitral", según el Gobierno foral vizcaíno. "Si no es posible, tendrá que ser la Comisión la que interceda".

El mecanismo de funcionamiento de la Comisión Arbitral permite que aún se llegue a algún acuerdo amistoso entre las partes. El conflicto todavía se encuentra en fase de alegaciones. Cuando las instituciones remitan sus argumentos a la Comisión, ésta comenzará a estudiar en profundidad el asunto. Los miembros del organismo paritario, que se reúnen en el Parlamento vasco, acostumbran a tomarse varios meses de plazo para tomar sus resoluciones, siempre y cuando el litigio no se retire por voluntad de los implicados.