La UE busca terminar con los favores fiscales
Luxemburgo, Bélgica y Austria bloquearán la directiva hasta que Suiza suavice el secreto bancario
Los ministros europeos de Economía se metieron el martes en una delicada encrucijada que puede tener duras consecuencias políticas y económicas si no se encuentra una salida a tiempo. Antes de que termine el año, el Ecofin debe llegar a un acuerdo definitivo para que a partir del 1 de enero de 2004 empiecen a desmantelarse los mecanismos fiscales perniciosos para una competencia fiscal leal en el seno del mercado interior. La cita es el próximo miércoles en la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de Economía y Finanzas (Ecofin).
El secreto bancario en Luxemburgo, Austria y Bélgica, los paraísos fiscales en el Caribe o las Islas del Canal, los centros de coordinación en el País Vasco y Navarra o las sociedades exentas (offshore) instaladas en Gibraltar son algunos ejemplos de los abusos existentes en la actualidad.
La negociación arrancó en diciembre de 1997, cuando la Comisión Europea propuso un paquete con tres instrumentos legislativos "indispensables" para contrarrestar los efectos dañinos de estos y otros regímenes fiscales similares.
Pero los Quince no terminan de ponerse de acuerdo, porque pesan más los intereses nacionales que el común. Y el riesgo que se corre es mayor. No sólo se echarán por tierra cinco años de intenso trabajo, sino que también se enterrará un paquete que tenía como misión imponer una disciplina en materia fiscal entre los Estados y evitar que las pérdidas de ingresos se compensen con una mayor presión fiscal. El fracaso pondría además en evidencia la incapacidad de la UE y su credibilidad a la hora de armonizar sus políticas.
Éstos son los puntos clave del "paquete fiscal" que deben ser aprobados en su conjunto:
- Fiscalidad del ahorro. Es el pilar del paquete donde se concentran los problemas. Lo representa una directiva para armonizar la fiscalidad que se aplica a los rendimientos de capital generados por las cuentas abiertas por los no residentes en los bancos de otro Estado miembro. Su objetivo es perseguir la evasión fiscal y acabar antes de 2011 con el secreto bancario en la UE.
Se diseñó como un doble sistema que permitía elegir entre la aplicación de una retención en el origen o recurrir al intercambio de información entre las autoridades fiscales. Tras una maniobra de libro del Reino Unido, se optó como única alternativa por el intercambio de información. A los tres países con secreto bancario -Luxemburgo, Bélgica y Austria- se les daba un plazo de siete años, durante los cuales se limitarían a aplicar una retención en el origen para pasar después al intercambio de información. Pero la UE no está dispuesta a modificar el sistema actual si se pone en riesgo la competitividad mundial de los mercados financieros europeos. Reino Unido y Holanda tendrán que cambiar sus regímenes fiscales en sus territorios asociados (Islas del Canal, Isla de Man y Caribe).
Además, Luxemburgo, Austria y Bélgica impusieron que la armonización fiscal sólo entraría en vigor si, a la vez, Estados Unidos, Suiza, Liechtenstein, Mónaco, Andorra y San Marino aceptaban medidas equivalentes a las europeas contra la evasión fiscal.
Los resultados en las negociaciones con Suiza no convencen ni a Luxemburgo, ni Bélgica ni Austria. Los tres países dejaron claro el martes en el Ecofin que no aprobarán la directiva, y por tanto el conjunto del "paquete fiscal", mientras Berna no llegue a un acuerdo aceptable con la UE. Esto ha provocado una espiral peligrosa en la que se han metido también Liechtenstein, Mónaco, Andorra y San Marino.Ahora todo depende de que la presidencia danesa en la UE y la Comisión logren convencer a Suiza de que adopte el estándar sobre intercambio de datos de la OCDE (menos exigentes que las planeadas por Bruselas) para poder salir del atolladero y salvar a tiempo todo el "paquete fiscal", con una reunión extraordinaria del Ecofin cuya fecha se ha fijado para el próximo miércoles día 11. Los datos van referidos a los intereses de las cuentas bancarias, así como a los obtenidos por activos de renta fija.
- Código de conducta. El objetivo de este instrumento es el de eliminar una lista de 66 medidas en forma de incentivos fiscales que se utilizan para atraer las inversiones extranjeras hacia zonas concretas de un Estado miembro, rebajando el nivel impositivo que se aplican habitualmente en el país. El código no es jurídicamente vinculante, pero sí compromete políticamente a los gobiernos a eliminarlos y a no implantar ningún nuevo instrumento fiscal similar que vaya contra la competencia.
España estará obligada a desmantelar, si finalmente se aprueba el "paquete", los centros de coordinación del País Vasco y Navarra, y suprimir las deducciones de impuestos recogidas en la Ley de Hidrocarburos de 2001. En Gibraltar se han detectado 3, y 23 en los territorios dependientes y asociados. A la hora de elaborar esta lista se tuvo muy presente las dificultades particulares de las regiones ultraperiféricas (como las Islas Canarias).
- Intereses y cánones. El tercer pilar del "paquete" esta formado por una directiva que tiene como objetivo eliminar las retenciones fiscales que se aplican en la actualidad en los Estados miembros en los pagos de intereses y cánones entre empresas, una práctica que comporta "pesados trámites" administrativos y "dificultades" para los operadores económicos que realizan actividades transfronterizas.
La armonización energética
Los Gobiernos europeos se muestran siempre muy, muy celosos a la hora de salvaguardar, o mejor dicho, de renunciar a la cesión de competencias en al ámbito de la fiscalidad. El "paquete fiscal" contemplaba en su día un cuarto pilar que se refería a la imposición indirecta, que incluía, entre otras, una directiva para armonizar el tratamiento fiscal de los productos energéticos. Se optó por tratar esta cuestión por separado, pero en la recta final de la negociación vuelven a coincidir. Y si antes de final de año el Ecofin no llega a un acuerdo, los dos no sólo habrán nacido juntos, sino que morirán también a la vez.El tratamiento fiscal diferenciado que se da hoy en cada país de la UE a los productos energéticos es otro de los factores de riesgo para un desarrollo armonioso de la competencia en el mercado interior. A primera vista, puede dar la sensación de que los Gobiernos europeos están a un paso de conseguir armonizar los impuestos especiales que gravan la electricidad y los combustibles, para poner fin a las distorsiones y a los abusos. Pero analizando la directiva con más detalle se constata que lo que se pretende es conseguir "legalizar" a toda costa lo que hay.La directiva se puede decir que está construida a la talla de los intereses económicos de cada país. Algunas de las exclusiones son tan irrisorias como la propuesta por Grecia para que la gasolina que utilicen los coches del primer ministro estén exentos del pago de impuestos. No es la única. Todas juntas suman más de 80, y sólo Francia pide que se le acepten hasta 14 exclusiones. El ejército, los aviones privados, el transporte público, los servicios de recogida de basuras, los agricultores, las ambulancias, son los ejemplos de un largo etcétera.Los únicos que parece que no se librarán de la aplicación de tipo mínimo impositivo armonizado en toda la UE son los clientes particulares cuando echen gasolina al coche ni los pequeños comerciantes o las pymes cuando se enganchen a la red eléctrica. Curiosamente, los Quince vincularon la adopción de esta directiva con la necesidad de aprobar una fecha definitiva para conseguir la liberalización plena de los mercados del gas y de la electricidad en la UE, que se hará efectiva en 2007.
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