La Xunta toma la iniciativa frente a la crisis ante la indecisión del Gobierno central

La gravedad de la crisis suscitada por la marea negra y la contestación social sin precedentes que se ha producido en Galicia han forzado a la Xunta a tomar la iniciativa para hacer frente a las calamitosas consecuencias del naufragio del petrolero Prestige, sin esperar a las decisiones del Gobierno central. El Ejecutivo de Manuel Fraga ha asumido la gestión de las operaciones logísticas para dar cobertura a los voluntarios y marineros que combaten la contaminación a pie de costa, como reclamaban dirigentes y alcaldes del PP gallego, temerosos de que la tensión social pueda llegar a desbordarse.

Miembros del PP gallego y de la Xunta confiesan en privado su malestar por la actitud del Gobierno central, que nunca previó la posibilidad de que los vertidos alcanzasen las Rías Bajas. Pero la crisis también ha destapado divergencias dentro del Ejecutivo de Fraga.

Los intentos de agresión a algunos alcaldes del PP y la ira que transmiten los afectados a través de los medios de comunicación han hecho despertar a la Xunta a la realidad de que se enfrenta a un conato de rebelión social.

El propio Fraga se está viendo obligado a reducir su actividad pública para evitar las protestas. Si el pasado jueves canceló unas inauguraciones previstas en Chantada (Lugo) después de que apareciesen pintadas de chapapote con consignas contra él, la Xunta anunció ayer que tampoco se celebrará el próximo día 13 la gala anual de entrega de los Premios de la Comunicación de Galicia. Ese acto tenía como escenario la isla de La Toja, en la Ría de Arosa, donde los pescadores están a punto de estallar porque se sienten abandonados.

La actitud de Fraga desde el primer momento de la crisis ha causado perplejidad entre algunos de sus colaboradores. Los miembros de la Xunta consultados insisten en asegurar que el presidente siempre estuvo al tanto de los acontecimientos, incluso el fin de semana que se fue de cacería a Madrid mientras los primeros vertidos alcanzaban la Costa da Morte. Pero las mismas fuentes admiten que fue un error que no hiciese ninguna aparición pública hasta dos días después. "Tal vez estuvo mal asesorado", confesó un consejero de su gabinete.

Se alzan voces

En la Xunta sostienen que Fraga cedió la iniciativa al Gobierno central y a su delegación en Galicia porque entendía que era la actitud más "respetuosa" ante un asunto que entraba de lleno en las competencias del Estado. "Él es un hombre de mentalidad jerárquica", explicó un estrecho colaborador suyo, que negó que se hubiera producido ningún conflicto de competencias entre Fraga y el Ejecutivo de José María Aznar. La Delegación del Gobierno optó por dejar la organización de la limpieza de la costa a la empresa pública Tragsa, incapaz de atender las demandas y muy mala conocedora del terreno, según ha podido comprobarse.

En el PP gallego empezaron a alzarse voces que reclamaban a la Xunta mayor iniciativa política. La situación derivó en un fuerte debate en el consejo de gobierno extraordinario que se celebró el pasado domingo, horas después de que 150.000 personas exigiesen en Santiago responsabilidades políticas. Algunos consejeros plantearon que el Ejecutivo gallego debía enfrentarse de manera más decidida a la crisis, ante las vacilaciones del Gobierno central. Pero no todo el gabinete compartía esa visión, según admiten fuentes de la Xunta.

La situación se desbordó a principios de esta semana, cuando la marea negra alcanzó las Rías Bajas. La Xunta había pactado con los mejilloneros que utilizasen sus barcos para achicar fuel, pero el Gobierno de Madrid no tenía ninguna previsión. Los pescadores se encontraron sin la menor infraestructura de apoyo en tierra, y la crispación social se extendió por toda la costa.

Fraga decidió tomar la iniciativa y constituyó un grupo de trabajo coordinado por el consejero de Política Territorial, Xosé Cuiña, en el que también participan los titulares de Pesca y Medio Ambiente, así como el responsable de Cultura y Comunicación, Jesús Pérez Varela, para labores informativas. Este grupo se ha encargado de facilitar medios a los marineros, como grúas y contenedores, además de costear el combustible y la limpieza de los barcos. La empresa Tragsa ha pasado a recibir órdenes de la Xunta. "No se trata de suplantar a nadie", aclaró ayer Pérez Varela. "Es sólo un grupo de trabajo complementario de la Delegación del Gobierno".

Las divergencias internas en la Xunta no son ajenas al debate sobre la sucesión de Fraga. Cuiña, el principal aspirante, que participó también en la ya célebre cacería de Aranjuez, se mantiene en silencio desde el inicio de la crisis y ayer rehusó hacer declaraciones. Al consejero de Pesca, Enrique López Veiga, que dio la cara desde los primeros momentos, también se le señalaba como un posible candidato, aunque en los últimos días ha insinuado que quizá deje el cargo una vez superada la emergencia. Fuentes de la Xunta admitieron que López Veiga está molesto por las disensiones de los últimos días.