Listas inaceptables

El Defensor del Pueblo ha hecho un sombrío diagnóstico sobre las listas de espera de la sanidad pública, en las que más de 300.000 personas aguardan turno para una operación quirúrgica, que en el caso de unos 18.000 pacientes supera los seis meses, el tiempo máximo recomendado por los especialistas. Éste es un mal antiguo y crónico, "clínica y socialmente inaceptable", según acertada calificación del Defensor, que corroe el sistema sanitario y que los responsables del Gobierno del PP hicieron creer en alguna ocasión que habían conseguido erradicar.

El informe pone al descubierto una realidad que las administraciones públicas -estatal y autonómica, sea cual sea su color político- intentan ocultar o dulcificar. Al equipo del Defensor del Pueblo le ha costado lo suyo obtener datos en centros hospitalarios y de salud públicos, a pesar de que la Constitución ordena a las administraciones suministrárselos. En ocasiones, sus técnicos han debido recurrir a tácticas de camuflaje, como hacerse pasar por pacientes para obtener información. Quizás las administraciones sanitarias practican el oscurantismo informativo ante la escasa solvencia y credibilidad que le merecen los datos de que disponen. Pero es intolerable la falta de transparencia informativa en un servicio público, y tanto más cuando obstaculiza la labor del Defensor del Pueblo.

La existencia de listas de espera razonables no es en sí misma cuestionable. Es consecuencia de las inevitables carencias y limitaciones del sistema público de salud. Pero las ingentes cantidades de pacientes que aguardan su primera cita con el especialista -casi un millón y medio- y las descomunales listas de espera quirúrgicas sólo pueden deberse a una preocupante falta de agilidad del sistema sanitario y a una gestión deficiente de sus recursos. Ante el fenómeno evidente de un crecimiento de la demanda, originado por una mayor esperanza de vida y por el propio progreso de la medicina, el sistema sanitario público sigue sin encontrar respuestas adecuadas ni en cuanto a gestión ni en cuanto a dotación presupuestaria.

Si grave es la existencia de unas listas de espera tan abultadas, más grave es, por el riesgo que implica para la salud, que entre los pacientes que aguardan una intervención quirúrgica el 6% haya superado el límite máximo de seis meses de espera recomendado y que el 22% de los pacientes que tienen cita con el especialista lleven más de dos meses sin que esa cita se haya cumplido, en contra las normas del Ministerio de Sanidad. El Tribunal Supremo ha establecido una clara responsabilidad objetiva por parte de la Administración sanitaria, incluso con derecho a indemnización en caso de secuelas, por la tardanza excesiva o por una gestión de las listas que no alcance los niveles de diligencia exigibles en el tratamiento de las dolencias diagnosticadas.

El informe del Defensor del Pueblo se produce un año depués de haber concluido el proceso de transferencias sanitarias a todas las comunidades autónomas. Pero sería un error responsabilizar a las autonomías por una situación heredada y que es todavía directamente imputable al Gobierno central, cuya política presupuestaria de déficit cero se ha hecho sentir especialmente en la sanidad pública. Al Gobierno le corresponde, según el anteproyecto de la futura Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, el control de la calidad del sistema sanitario, que debe incluir la exigencia de unos tiempos máximos de espera en el acceso a las prestaciones, así como una especie de distrito único sanitario que garantice la asistencia en cualquier emergencia, como reclama el Defensor del Pueblo en su informe. Y aunque la responsabilidad financiera sobre la sanidad recaiga ahora sobre las comunidades autónomas, no hay que olvidar que las fuentes de financiación están en un presupuesto estatal cuya asignación sanitaria respecto del PIB sigue estando todavía muy por debajo de la media europea.